El sillón de la Secretaría de la Intendencia General de Policía de Esmeraldas permanece vacío desde el viernes de la semana pasada.
Lo ocupaba Carlos Perlaza, de 55 años de edad. Él, junto a otros 10 funcionarios, fueron separados de varias instituciones vinculadas a la Gobernación de la provincia, bajo la figura de compra de renuncias obligatoria.
El gobernador Lenin Lara fue el encargado de darles la noticia. Reunió a los funcionarios en su oficina y les agradeció por sus servicios. Perlaza trabajó durante 27 años en la institución.
“El Gobierno nos ha maltratado, en víspera del día del trabajador”, dijo Perlaza.
El lunes pasado, él acudió a una agencia bancaria de la ciudad para verificar si ya se había cancelado la indemnización que le ofrecieron. Pero hasta el mediodía no se concretó.
En la Gobernación fueron desvinculados siete funcionarios; los otros cuatro laboraban en las comisarías de Policía de los cantones Muisne, San Lorenzo, Quinindé y de la parroquia Concepción, de San Lorenzo.
Perlaza era el presidente provincial de los servidores públicos y también presidente de la Tribuna del Consumidor.
Es padre de cinco hijos y tiene una deuda de USD 8 000 con un banco privado.
Tenía un sueldo de USD 620. “Voy a seguir un acción legal porque esto me parece un atropello contra mí”, dijo Perlaza, quien también es abogado.
Ángela Vera, en cambio, ha preferido aceptar con resignación la noticia del despido.
Ella fue secretaria de la Comisaría I de Policía durante 27 años. Ayer llegó a la oficina con ropa deportiva, para recoger sus pertenencias. Dice que tras la renuncia se dedicará al libre ejercicio de la abogacía.
“Sabíamos que esto se venía pero no pensábamos que sería ahora”, dijo la mujer de 50 años y madre de tres hijos.
Ella ganaba USD 800 mensuales. “Tendré que posponer los estudios universitarios de mi hijo hasta que me recupere de las deudas que tengo”, señaló.
Cuando le entregaron la acción de personal (el viernes), dice que acudió al banco y el dinero por la indemnización ya estaba en su cuenta. “Eran USD 10 000. Los usaré para cubrir algunos compromisos económicos y espero que de ahí ya pueda empezar desde cero”.
El lunes pasado, en la Intendencia, Comisarías I y II de Policía de Esmeraldas, la atención fue irregular. Las mujeres que llegaron a denunciar hechos violentos debieron esperar más de lo normal para ser atendidas.
Ahí se receptan entre 50 y 60 denuncias diarias, entre pérdidas de documentos y casos de violencia intrafamiliar.
En Santo Domingo
Esperanza Bósquez contó que ya recibió su indemnización. Ella es una de las 14 empleadas separadas de la Gobernación de Santo Domingo.
Ella aclaró que ganaba al mes USD 590 como asistente administrativa. Una Comisaria y el Intendente le notificaron de su salida.
Según los dirigentes, unas 6 000 personas han sido despedidas del sector público en el país.