10 decretos del Gobierno han levantado la crítica política

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Estefanía Celi R. Redactora

El segundo decreto ejecutivo de Rafael Correa, firmado el mismo día de su primera posesión, el 15 de enero del 2007, causó polémica. A través de ese documento, el nuevo Presidente buscaba la consulta popular para convocar a la Asamblea Constituyente, que reformó la Carta Magna meses después.

Luego de un trámite salpicado de críticas de la oposición en el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso, finalmente se convocó a la consulta popular que dio paso a la nueva Constitución, vigente desde el 2008.

Las repercusiones del Decreto Ejecutivo 2, el primer día de Correa como Jefe de Estado, marcarían desde entonces a un Gobierno en el que las críticas a las resoluciones presidenciales no han cesado.

En los siete años que lleva de mandato, se han firmado 3 810 decretos ejecutivos. Al menos 10 de ellos han causado revuelo en la opinión pública por los cambios introducidos.

Aunque esta cifra es visiblemente menor a la de sus antecesores Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio (entre ambos firmaron casi 5 000 decretos en cuatro años), los del presidente Correa han resultado polémicos. Entre estos temas constan: la participación del Estado en las ganancias por los excedentes petroleros, la prohibición de que el Gobierno contrate empresas con accionistas en "paraísos fiscales", el retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos y el plazo para cierre de los casinos

El último decreto que ha despertado críticas es la decisión de desaparecer a los directorios de las autoridades portuarias y pasar la administración de los puertos a una Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El prefecto electo de El Oro, Esteban Quirola (SUMA-PSC), reunió a los alcaldes electos de esa provincia para discutir el tema. Dijo que "en el 2000 se hizo un referéndum en el que la mayoría de los orenses decidió que el puerto marítimo sea para los orenses".

Además, en el ambiente continúan las críticas al Decreto 16, emitido en junio del 2013, a pesar de que ya lleva casi un año en vigencia. Este expide el "Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas", con el que se norma a las organizaciones de la sociedad civil.

Dicho reglamento se usó como base para la disolución de la Fundación Pachamama, en diciembre último. Organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo que tendría este sobre el derecho a la libre asociación y se tramitan dos pedidos de inconstitucionalidad de la norma en la Corte Constitucional, que no tiene plazo para resolverlas.

Para el exasambleísta César Montúfar, este tipo de resoluciones del Ejecutivo muestran una tendencia del Presidente de querer gobernar a través de decretos, omitiendo el debate en el Legislativo. "Está reformando las leyes a través de decretos ejecutivos. Dos ejemplos son el Decreto 16, que reforma la Ley de Participación Ciudadana, y el Reglamento a la Ley de Comunicación, que le da nuevos alcances".

De acuerdo con la Constitución, hay una jerarquía que no permite que un decreto o un reglamento reforme una ley, explica Gustavo Medina, quien fue procurador del Estado.

Él asegura que si se necesitara reformar una ley, el trámite se debe hacer en la Asamblea, Nacional y si una norma contraviene la Constitución, es la Corte Constitucional la que debe resolver al respecto.

Pero para la asambleísta oficialista Rosana Alvarado, no se trata de un gobierno a través de decretos. "No tendría sentido utilizar un decreto que vaya por encima de una ley por el hecho de que tenemos mayoría en la Asamblea", señala.

A pesar de que hay temas que causan polémica, la mayoría de los decretos del Ejecutivo pasa desapercibida, pues no tienen que ver con decisiones trascendentales para el país.

En su último período, el Presidente ha firmado 318 documentos. Los ascensos y bajas de militares y policías, y los nombramientos de embajadores y agregados en las misiones diplomáticas de Ecuador en el exterior son la mayoría de resoluciones tomadas por el Presidente.

Por esta razón, se tramita en la Asamblea una reforma a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, en la que se busca que los ascensos de los oficiales se den por acuerdo ministerial de la Cartera de Defensa.

El argumento del Ejecutivo, que presentó la propuesta en marzo del año pasado, es que así "contaría con mayor tiempo para administrar al Estado". Sin embargo, el tema aún está en análisis dentro del bloque oficialista, según Alvarado.

Las frases
"Ha modificado leyes aprobadas por la Asamblea a través de decretos. Eso es inconstitucional".
César Montúfar

"Los decretos se ajustan siempre a las atribuciones del Presidente, que es su responsabilidad".
Rosana Alvarado

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