26 de November de 2009 00:00

Política salarial

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Miguel Macías Carmigniani

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El Estado tiene la obligación de impulsar el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 396, numeral 1 de la Constitución.

El Mandato 08 que suprimió el trabajo por horas y la tercerización laboral, en mi opinión, ha ocasionado todo lo contrario.  Es notable el incremento en el número de desempleados que hay actualmente en el Ecuador.

La Constitución, en su artículo 328, establece que la remuneración debe ser justa, con un salario digno, que cubra al menos las necesidades básicas del trabajador y de su familia, pero si el salario básico unificado se aumenta de USD 218 a USD 320, como aparentemente se intenta hacer, éste en lugar de eliminar el subempleo y el desempleo, incrementará ambos.

Puede ser cierto, como ha manifestado el Presidente, que un salario básico no sea un salario justo, pero temo que si éste se incrementa a USD 320, no se diga a USD 520, cuál es el costo de la canasta básica familiar, la mayoría de las empresas recortarán su personal y muchas de ellas, por no poder asumir ese incremento salarial, se verán obligadas a cerrar sus negocios, en un país donde la tasa de desempleo supera el 10% y la de subempleo el 50%, lo cual en las actuales circunstancias  seria un “haraquiri”.

Me parece absurdo, que se piense en obligar a las empresas más rentables del país a pagar salarios más altos, pues si ello sucede, éstas contratarán menos personal, lo cual también causará más desempleo.

No cabe que se discrimine a los agentes económicos, castigando a las empresas más eficientes que producen utilidades, a pagar salarios más altos y  premiando a las que producen pérdidas, al pagar salarios más bajos. Este punto de vista no considera que aproximadamente, sólo el 30% de las empresas domiciliadas en el Ecuador generan utilidades. Algunos funcionarios del Gobierno, inclusive, han mencionado  que las empresas deberían rendir menos utilidades, pero pagar salarios más altos.

Si la política salarial del Régimen apunta a aumentar los salarios hasta que éstos sean “justos y dignos”, lo que equivale a decir a que por lo menos cubran la canasta familiar básica, hay que consensuar cómo conseguir aquello sin causar más desempleo, lo cual lamentablemente debo decirlo, ha sido la tónica en los casi tres años de la actual administración.

Se justifica un incremento salarial, considerando la inflación, ya que los sueldos y salarios, como sostienen algunas personas, apenas alcanzan para comer, pero para incrementarlos, es necesario que ante la realidad nacional, el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, convengan en una política salarial que promueva la reactivación económica y por ende que genere empleos, para lo cual considero imprescindible flexibilizar nuestra ley laboral.

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