Pablo de la Vega, coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), envió el jueves 15 de junio de 2017, una carta al presidente Lenín Moreno. Esta es una organización de derechos humanos de carácter regional, con personería jurídica concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.
El objetivo de la misiva es pedirle que el Estado ecuatoriano apoye la propuesta de duplicar el porcentaje del presupuesto de la Organización de Estados Americanos (OEA), destinado al funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Dicha propuesta será discutida durante la 47 Asamblea General que se desarrollará del 19 al 21 de junio en Cancún, México, y tiene como propósito asegurar la sostenibilidad financiera del SIDH, de parte de los Estados que lo crearon.
El documento recuerda que el año pasado la CIDH enfrentó la peor crisis financiera de su historia, llegando incluso a enfrentar el riesgo de tener que despedir al 40% de su personal. Pero logró superarla gracias a contribuciones voluntarias de Estados miembros y no miembros como Dinamarca, España, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
Sin embargo, los Estados miembros de la OEA, no han logrado hasta la fecha aprobar una solución para superar definitivamente la histórica inestabilidad financiera de la CIDH, que sólo recibe el 6% del presupuesto de la OEA y cuyos ingresos por contribuciones voluntarias llegan de la Unión Europea en un 50%.
Este debate “brindará una oportunidad histórica a los Estados miembros para reflejar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, en un mayor compromiso financiero específico, para la sostenibilidad del SIDH”, afirma de la Vega.
Esto es aún de mayor importancia, señala, considerando los cambios políticos en Estados Unidos que financia el 50% del presupuesto de la CIDH y que, por primera vez, no participó en tres audiencias programadas, bajo la administración del presidente Donald Trump.
En la carta, de la Vega recuerda que la CIDH también está considerando la posibilidad de recibir donaciones del sector privado, corporaciones y fundaciones. Pero señala que se trata de un tema extremadamente complejo y sensible, por lo que la Plataforma sostiene que “la financiación privada de instituciones responsables de la gobernanza y las políticas públicas ha demostrado no sólo la influencia indebida que algunos sectores privados poderosos mantienen sobre la toma de decisiones públicas, sino también cómo algunos espacios democráticos han sido capturados y cómo la soberanía de los pueblos ha sido derogada, por lo que el financiamiento del SIDH de parte de los Estados miembros de la OEA es vital para evitar la captura corporativa del mismo”.
Durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa Ecuador se comprometió a colaborar con el Sistema, pero exigió cambios en su modelo de financiamiento y funcionamiento. Esta idea fue primero promovida por el excanciller Ricardo Patiño, desde 2013, y después por su sucesor Guillaume Long.
En mayo pasado, Long, a través de un comunicado de la Cancillería, afirmó que “la crisis financiera de la CIDH es el resultado de un modelo equivocado, basado en aportes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano”. Asimismo dijo que el modelo “no solo ha sentado las bases de la crisis, sino que ha politizado el tratamiento, defensa y promoción de los derechos humanos en el continente”.
El mismo exmandatario Correa criticó en varias ocasiones el trabajo de la CIDH, con la que tuvo varios impases durante su Gobierno, así como con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.