1 de enero de 2017 00:00

El bloque de AP se debilita en el Pleno

El 27 de diciembre pasado, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional aprobó el proyecto económico urgente de Ley de Plusvalía con 79 votos a favor y 27 en contra. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

El 27 de diciembre pasado, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional aprobó el proyecto económico urgente de Ley de Plusvalía con 79 votos a favor y 27 en contra. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

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Redacción Política
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Conforme se acercan el final del período de la actual Asamblea Nacional y las elecciones de febrero del 2017, la mayoría absoluta de Alianza País se merma poco a poco.

El último proyecto legal impulsado por el Ejecutivo y el movimiento, la ley de Plusvalía, fue aprobado el 27 de diciembre solo por 79 oficialistas. Los aliados votaron a favor de la normativa, pero una se abstuvo, dos votaron en contra, 17 no asistieron a la sesión y al menos una decena envió a sus alternos.

Algunos de ellos argumentaron por qué no están de acuerdo con esta ley. Christian Viteri, por ejemplo, comentó que se acogió al derecho de objeción de conciencia, que consta en el Código de Ética del movimiento oficialista.

No es la primera vez que alguien de la bancada se acoge a este derecho. Pero sí la primera vez en que no se logró unanimidad dentro del bloque. El mismo legislador Virgilio Hernández lo reconoce. Él considera que no cabría una sanción para quienes rechazaron la aprobación.

Sin embargo, este criterio no ha sido utilizado en otros casos que incluso fueron tildados como una desobediencia a las decisiones tomadas al interior de la agrupación.

El mismo presidente Rafael Correa ha pedido que se sancione a quienes han mostrado posturas distintas a las del bloque en las sesiones del Pleno.

Ocurrió por ejemplo con Paola Pabón, Soledad Buendía y Gina Godoy. Ellas fueron sancionadas en octubre de 2013, por el Comité de Ética de Alianza País.

Incluso perdieron sus derechos como militantes durante un mes. El motivo fue que impulsaron la despenalización del aborto en caso de violación, lo que finalmente no fue aprobado en el Legislativo.

En junio de 2015, Ángel Vilema fue expulsado del movimiento por "reiterados actos de indisciplina" y "criterios divergentes". Esto tras su votación en contra de la Ley de Régimen Especial de Galápagos, provincia a la que representa.

A Fernando Bustamante también le retiraron sus derechos de militancia, pero por un período de seis meses. Esto tras su abstención en la votación para aprobar las enmiendas constitucionales en diciembre de 2015.

Antes, la unanimidad dentro del bloque oficialista al momento de las votaciones era una regla general. Les permitió aprobar 59 leyes desde el inicio del actual período.

Aunque AP sigue teniendo una mayoría importante entre sus militantes y aliados en la Asamblea, la diferencia del apoyo al inicio del período de Gobierno comienza a hacerse más visible.
Y con las elecciones de por medio, los legisladores que buscan la reelección (alrededor de la mitad de la bancada) tendrán como prioridad la campaña electoral.

En los anteriores comicios generales esto implicó una gran presencia de los asambleístas alternos en el Pleno, quienes no han seguido el debate de los proyectos de primera mano.

Durante el período de campaña Alianza País deberá tratar en última instancia los tres proyectos que esperan el veto del Ejecutivo: el Código del Ambiente, la Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos (Plusvalía) y la Ley de Extinción de las Universidades Cerradas.

La presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, afirmó el viernes pasado que el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana será una prioridad para el Gobierno en el año que se inicia.

El texto fue aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales esta semana y está listo para el segundo debate.

El cierre de año
La Asamblea Nacional difundió un comunicado en el que informó que desde el inicio de este período de Gobierno, además de aprobar 59 leyes, han recibido 5 260 solicitudes de información, de diferentes asambleístas, movimientos o partidos políticos. Y que de ese total, 4 620 han recibido una respuesta.

Además que, para fomentar la democracia y la participación ciudadana, 499 087 ciudadanos participaron en la socialización de proyectos y leyes, consultas prelegislativas y audiencias en comisiones.

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