Hay quienes en el oficialismo han logrado mayor popularidad gracias a la Red. Entre ellos el ministro del Interior, José Serrano, que publica todos los logros de su administración, principalmente de los operativos policiales. El canciller Ricardo Patiño y la embajadora en Washington, Nathalie Cely, tienen una amplia presencia digital. Todos cuentan con miles de seguidores en Twitter.
Ellos se caracterizan por interactuar con los usuarios y opinar sobre los temas de actualidad. La misma técnica es usada por otros funcionarios con menor presencia pública, para promocionar su trabajo. Guillaume Long, ministro Coordinador de Talento Humano; René Ramírez, secretario de Educación Superior; y Marco Albuja, embajador ante la OEA; son asiduos tuiteros y participan en debates digitales.
La manera más rápida y exclusiva de informar a la ciudadanía es a través de sus cuentas personales en las redes, que son promocionadas constantemente por las de las instituciones públicas a las que representan. Esta herramienta también es aprovechada por los asambleístas de Alianza País.
Alfredo Velazco, experto en marketing político y social media, hace una reflexión. ¿Son estas cuentas personales particulares o de los representantes estatales? Hay funcionarios que pagan para promocionar sus cuentas, un caso es el del vicepresidente Jorge Glas. La interrogante es ¿con qué dinero lo hacen: público o privado?
Otro punto polémico es el papel que desempeñan en las redes. Si deben actuar como empleados públicos o como personas particulares. La línea no está trazada. Eso se notó, por ejemplo, en las pasadas elecciones seccionales, cuando muchos las utilizaron para desacreditar al candidato Mauricio Rodas. “Como personas privadas tienen el derecho a expresarse libremente, pero como funcionarios hay formas que cuidar”, opina Velazco.
En el caso del oficialismo, los legisladores usan la Red para defender sus posturas políticas y hacer proselitismo. Son los que más interactúan con los demás usuarios de la Web, especialmente cuando hay debates de interés público. Marcela Aguiñaga, Gina Godoy, Virgilio Hernández, Rosana Alvarado y Ximena Ponce son buenos ejemplos de la tendencia.
Luis González Fuentes, especialista mexicano en comunicación política, explica este fenómeno en un artículo sobre la participación política 2.0. Las herramientas web permiten el desarrollo del diálogo y debate político con el acercamiento entre gobernantes y gobernados. Además cambia una parte sensible del funcionamiento de los partidos políticos: la forma en la que se comunican. Y marca la importancia de una participación más horizontal en los procesos.
Al utilizar las herramientas 2.0, los funcionarios también quedan más expuestos a la opinión pública. Las críticas y ataques abundan, tanto en los opositores como en los seguidores del Gobierno. Esto implica además que los reclamos ciudadanos tengan mayor eco. Y bajo esta consecuencia tampoco se sabe hasta qué punto ellos deben responder a las demandas planteadas. Queda en la incógnita también cómo seleccionan a aquellos a quienes responden, dado el caso.
Hay mucho en juego en la Web. Por eso queda la duda de si los miles de seguidores de las cuentas más populares son reales o falsos. “En ciertos momentos hay mucha interacción apoyando el criterio de un determinado funcionario, con una euforia casi religiosa”, advierte Velazco, sobre la posibilidad de que sean cuentas creadas para inflar la opinión. Lo mismo sucede con los denominados ‘trollcenters’, conjuntos de usuarios creados para atacar a los detractores del Gobierno, por ejemplo.
Así, el ‘boom’ de las redes sociales está modificando la forma de hacer política. Las tarimas que ofrecen sitios como Twitter y Facebook han creado una nueva relación entre los funcionarios públicos y la ciudadanía. Para los primeros, la Web implicó una ventana de promoción. Y para los segundos, una forma de interacción en los debates públicos.
Velazco señala que las elecciones presidenciales del 2009 y la revuelta policial de 2010 marcaron dos momentos importantes en la utilización de las redes sociales como fuente de información.
Además, en el caso de los funcionarios las herramientas 2.0 tomaron mayor fuerza a partir de la prohibición de hablar con la prensa privada, que impuso el presidente Rafael Correa para sus ministros, en junio del 2012. Así, fuera de los medios públicos y de las cadenas nacionales, la Internet se transformó en el canal por el cual podían difundir información con una mayor libertad.
Dos años después, aunque la medida se flexibilizó, los nuevos integrantes del Estado siguen adoptando esta herramienta como portal para expresarse y transmitir información. Y en muchos casos la Web se mantiene como el canal prioritario de difusión.
Con la suma de estas dos tendencias, el escenario digital ha ganado espacio entre los altos funcionarios de Estado y la misma ciudadanía. El presidente Rafael Correa utiliza su cuenta en Twitter como medio para transmitir saludos y opiniones. Incluso para delegar tareas laborales a las instituciones públicas.
Pero pese a la importancia que han ganado las redes sociales en el debate político, hay que tomar en cuenta la penetración de la Internet en el país. Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, hasta mayo 11,6 millones de ecuatorianos tenían acceso a la Red. Pero el INEC indica que hasta el año anterior, el 40% de la población mayor a 5 años lo tenía. Hasta junio, los usuarios ecuatorianos de Facebook llegaban a los 7,6 millones y en Twitter la cifra de cuentas activas bordeaba el millón.
En contexto
Los funcionarios e instituciones públicas tienen muy en cuenta las redes sociales para compartir información sobre sus actividades. Incluso es común que se contraten asesorías para el manejo de las cuentas de Twitter y Facebook y se mida el impacto de su uso.