5 de February de 2010 00:00

Policías y comerciantes dieron su versión en la Fiscalía de Tulcán

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Redacción Tulcán

Los    negociantes informales de combustibles y los  policías mantienen sus  versiones sobre el  incendio registrado el miércoles en Tulcán.

Ese día, la Policía armó un operativo para decomisar gasolina que se almacenaba en casas particulares. Mientras los uniformadas actuaban, alguien encendió un fósforo. Un patrullero y un vehículo particular se incendiaron. Una joven de 17 años fue llevada al hospital con quemaduras. 

Ayer, los policías que participaron en el operativo y los comerciantes involucrados   llegaron a la Fiscalía para rendir sus declaraciones. 12  uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de otros servicios dieron sus testimonios.

Ellos aseguraron   que un hombre, a quien no identifican, prendió un fósforo sin percatarse de que cerca estaba una  joven.  En ese momento, ella regaba la gasolina de las canecas en el adoquinado.

Según  Jorge Mejía, jefe de la Policía de Carchi,  los uniformados fueron agredidos por los negociantes con una varilla y un ladrillo que rozó a un policía del GOE.

Con fotografías en mano, Mejía mostró cómo los negociantes, para impedir que les retengan los galones de diésel y de gasolina, regaban el combustible en la calle.

Los comerciantes tienen otra versión de lo ocurrido. Los cuatro que declararon dijeron que  los policías los persiguieron y en el enfrentamiento uno de los  agentes lanzó una bomba lacrimógena. “Eso causó el incendio”. 

Mejía dijo que es imposible que una bomba lacrimógena origine un incendio.  “Se retira la espoleta de seguridad y cuando el policía la acciona, el gas no genera chispas”, aseguró.  

Después del incidente, el contrabando de combustibles continuó en la frontera, ayer. Luisa Cadena dijo que no tiene otra fuente de empleo y  que toda su familia está a su cargo. “Es un trabajo peligroso, pero no tengo otra opción. Hace poco solicité un crédito para abrir una tienda, pero me lo negaron en una cooperativa”. 

Henry López, otro feriante, señaló que sus ganancias son mínimas. “Recibimos USD 1 por galón y la Policía nos persigue”. 

El mismo día del incidente, los uniformados intentaron hacer allanamientos a las casas de los negociantes, pero desistieron.

Para el fiscal Marlon Escobar, quien está al frente del caso, junto con el fiscal Jairo Villarreal, aquí hay varias ilegalidades.  “Una de ellas es la venta de combustibles a Colombia. Es un delito de rebelión, por irrespetar lo dispuesto por la autoridad”.

Según él, otra ilegalidad es la agresión a la joven quemada, quien está bajo observación. 

No descartó la posibilidad de acusar a los negociantes por  un acto de terrorismo, en caso de comprobarse que ellos fueron quienes causaron el incendio.

Los enfrentamientos entre contrabandistas y policías no son nuevos en esa zona fronteriza. Hace ocho años se registró otro incidente similar en Tulcán.

Los operativos

La Policía  advirtió que los  operativos se mantendrán para evitar la fuga del combustible hacia Colombia. 

Los cerca de 3 000  negociantes informales del hidrocarburo se quejan por la falta de empleo. El año anterior se inició  un proyecto para dotarles de créditos para la apertura de negocios. No todos accedieron al beneficio.

 En el patio del  Comando de Policía de Carchi permanecen 34 vehículos,   que los uniformados retuvieron a los negociantes informarles en 2008. Los negociantes  impidieron que los carros sean trasladados por la Dirección Nacional de Hidrocarburos a Quito,  para los remates. 

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