Por ahora, 750 uniformados, entre policías y militares, controlan el ingreso a las bocaminas y realizan operativos para el decomiso de armas y explosivos. Foto: Twitter / @MineriaEc
La mañana de este sábado 16 de septiembre del 2017, delegados de los ministerios de Defensa y del Interior coordinan el trabajo en los cantones Zaruma y Portovelo. Esta zona de El Oro es parte del decreto de estado de excepción, firmado el viernes por el presidente Lenín Moreno.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están a cargo de los operativos de control, que se intensificaron desde el pasado 30 de agosto de 2017. Se hace por los hundimientos y daños en algunas edificaciones del casco urbano de Zaruma, a causa de trabajos de minería ilegal bajo la ciudad.
Por ahora, 750 uniformados, entre policías y militares, controlan el ingreso a las bocaminas y realizan operativos para el decomiso de armas y explosivos. “Hemos iniciado el cierre y el colapso controlado de bocaminas y galerías, así limitamos áreas de ingreso”, informó el ministro del Interior, César Navas.
Los controles también están integrados por técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que es parte del Ministerio de Minería. La entidad indicó que ha realizado más de 800 inspecciones en la superficie y en el interior de la zona de exclusión minera de Zaruma, un área donde están prohibidas las tareas de explotación.
Dentro de su plan de cierre de minas, Arcom informó que ha ejecutado más de 40 colapsos de minas y que construyeron muros de hormigón para evitar el reingreso de mineros ilegales.
Esta mañana, la Agencia empezó la notificación y colocación de sellos en los ingresos a varias labores mineras legales en los dos cantones orenses que son parte del decreto. Si bien cuentan con permisos de concesión, el Ministerio de Minería dispuso su cierre temporal para indagar si sus galerías conectan o no con la zona de exclusión minera de Zaruma, donde están prohibidas las labores extractivas.
Según informes técnicos, bajo esta ciudad patrimonial existen alrededor de 67 kilómetros de galerías internas, de más de un siglo de explotación minera. Las internaciones ilegales han generado socavones y hundimientos.
El colapso de la escuela La Inmaculada Fe y Alegría, a inicios de este año, encendió las alertas. En agosto pasado se registraron nuevos daños en casones antiguas y la unidad educativa sigue desplomándose. Esta mañana, la Policía resguardaba los alrededores del establecimiento.