Policías durante el operativos que detuvo a un hombre por supuesto delito de pornografía infantil. Foto: Cortesía Ministerio del Interior
Las dos niñas, de 2 y de 7 años, rescatadas la madrugada de este jueves 2 de abril del 2015 en una operación policial en el Valle de Los Chillos no serían las únicas víctimas de un posible caso de pornografía infantil. Las dos pequeñas vivían en una vivienda cercana a la casa de Víctor G., detenido hoy.
Según videos, investigados por la Policía, hay al menos otras cinco menores de edad afectadas. Según el coronel Polivio Vinueza, de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), estas pequeñas aparecen en videos, por lo que se investiga su conexión y sus paraderos.
La Policía investiga si las dos niñas rescatadas esta madrugada también fueron filmadas. “Ahora están bajo la protección de las autoridades”, indicó Karina Argüello, subsecretaria de Seguridad Interna del Ministerio del Interior.
En rueda de prensa, las autoridades de esa Cartera de Estado y de la Unase dieron detalles del operativo denominado ‘Tutela’.
Vinueza dijo que el detenido es una de las personas que más videos de pornografía infantil ha filtrado a Sudamérica a través de las redes sociales.
“No vamos a permitir estos hechos, por lo que las investigaciones seguirán para capturar a personas que realizan estos actos execrables”, enfatizó Argüello.
En la conferencia se dio a conocer que el operativo se dio en coordinación con otros países de Latinoamérica, desde los cuales se enviaron siete direcciones IP (la computadora de origen desde la cual se remitieron los videos). Con esos datos, la Unase y la Fiscalía identificaron el lugar de residencia del detenido, en San Rafael, al oriente de Quito. Se determinó que el detenido habría utilizado seis cuentas más con nombres ficticios para cometer el delito. Las investigaciones duraron cerca de un mes.
“En estos casos se conoce que las personas aprovechan su cercanía familiar o su entorno para cometer estos hechos”, dijo Vinueza.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde agosto del 2014, la pornografía infantil está catalogada como delito de explotación, en el art. 91 referente a la trata de personas. La sanción va de 13 a 16 años de cárcel; pero puede aumentar de 16 a 19 años si la víctima pertenece a uno de los grupos de atención prioritaria o de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva o de dependencia. La penalización es de 22 a 26 años si se produce la muerte de la víctima.
En el operativo ‘Tutela’ participaron 45 agentes de la Unase, GIR, Dinapen, Policía Judicial, Delitos Informáticos y Fiscalía.