17 de diciembre de 2016 00:00

La Policía busca a 20 nativos en la zona de Panantza

foto: api Personal militar vigila las calles céntricas del cantón San Juan Bosco.

Personal militar vigila las calles céntricas del cantón San Juan Bosco. Foto: API

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Redacción Cuenca
Redacción Seguridad

San Juan Bosco, el pequeño cantón de Morona Santiago, está lleno de policías y militares. Los helicópteros del Ejército sobrevuelan todo el tiempo el centro de la ciudad y la zona de Panantza, donde el miércoles se registró el ataque al campamento de La Esperanza. 

Allí falleció un policía por el impacto de una bala en la cabeza y siete uniformados quedaron heridos. El Ministerio de Seguridad dice que el ataque fue cometido por un grupo de nativos de la zona, que reclaman la ancestralidad de los territorios donde está el proyecto minero Explorcobres.

El movimiento de uniformados inquieta a los vecinos de San Juan Bosco, en donde viven 200 familias. Antonio Samaniego, de la comunidad de Los Incas, dice que esto es como si estuvieran “en guerra”. Los uniformados permanecen en centros educativos como la Escuela del Milenio, la Unidad Educativa Fiscal Amazonas, un antiguo Jardín de Infantes, colegio Polonio Saquicela, coliseo… Allí han improvisado zonas de concentración y en las afueras de los planteles estacionan los camiones.

El viernes 16 de diciembre, el ministro de Seguridad, César Navas, se reunió con los altos mandos del Comando Conjunto y de la Policía Nacional y evaluaron el estado de emergencia y las medidas de seguridad.

En la tarde confirmó que los soldados y policías se quedarán el tiempo que sea necesario para detener a los responsables de la muerte del policía José Luis Mejía.

El Ministerio del Interior tiene identificadas a más de 20 personas, entre ellos dirigentes que lideraron las tomas anteriores del campamento y esa investigación está en manos de la Fiscalía.

Temprano, Navas confirmó a EL COMERCIO que, entre policías y militares, a la zona fueron desplegados 1 000 hombres de diferentes cuarteles. Y descartó que el despliegue sea excesivo.

“No, porque el área de operación es grande. Recordemos que el Estado de excepción está en toda la provincia y hay que controlar no solo la zona del campamento sino otros sectores. Y la excepción durará un mes”.

Por eso aseguró que no han disparado, sino que usaron equipo antimotines, antidisturbios, bombas lacrimógenas y armas no letales.

Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidieron que se respeten los derechos de las comunidades indígenas de la zona. “Nos preocupa que la declaración del estado de excepción sea utilizada para reprimir y criminalizar la protesta social”, sostuvo el grupo.

En Ecuador, el presidente de la Fundación Regional de Asesoría en DD.HH. (Inredh), Luis Ángel Saavedra, aseguró que militarizar el sector no es la solución. “Para ellos (el Gobierno) será normal (el contingente que fue enviado al sitio), para la población shuar no”.
Desde temprano, en las redes sociales circuló un video en el que camiones militares trasladaban cuatro tanquetas supuestamente hacia la zona del conflicto.

La Conaie incluso difundió un comunicado con este título: “La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía alerta sobre presencia de tanques de guerra en Morona”.

A Navas se le preguntó sobre estas imágenes y aseguró que hay vehículos blindados que serán empleados si es necesario.
“Recordemos que el carro antimotines de la Policía, que es blindado, recibió impactos de disparo. Entonces estos (automotores) nos permiten dar seguridad al personal que va a realizar los operativos”.

Por ahora, el lugar seguirá vigilado. Allí están, por ejemplo, 120 agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), un cuerpo élite de la Policía. Pero también llegaron especialistas del área de Criminalística.

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