24 de marzo de 2016 21:57

La Policía abrió una auditoría para indagar los pases

El lunes de esta semana, dos agentes deportados desde Colombia llegaron a Quito. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

El lunes de esta semana, dos agentes deportados desde Colombia llegaron a Quito. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Dijeron que la idea era estar más cerca de sus familiares y por eso cada policía pagó hasta USD 2 000. Solo después de desembolsar ese dinero, el uniformado podía cambiarse de una ciudad a otra. Ese detalle consta en el expediente que lleva la Fiscalía de Pichincha por el caso de corrupción en la entrega de pases.

Hace dos días, en la audiencia de vinculación de cinco agentes, quienes presuntamente ofertaban esos pases irregulares, se indicó que 11 uniformados que laboraban en Azuay pagaron para ser traslados a Imbabura, provincia en donde residen sus familiares.

Lo mismo sucedió con otros agentes que fueron trasladados a la ciudad de Guaranda, pese a que debían seguir trabajando en Cuenca.

En declaraciones ante el Fiscal, uno de los supuestos reclutadores aceptó haber ayudado “a algunos paisanos de Guaranda para que estén con sus familias”. Por esas declaraciones, los cinco uniformados fueron procesados y se sumaron a otras 22 personas que son investigadas penalmente.

Pero ¿qué ha sucedido con los agentes que pagaron y fueron cambiados de lugar de trabajo de forma ilegal? Esa pregunta la formuló la tarde de ayer (24 de marzo) EL COMERCIO al viceministro del Interior, Diego Fuentes. El funcionario explicó que desde mayo del 2015, en el sistema de la Dirección de Personal de la Policía se identificó el trámite de 3 000 a 5 000 pases que arrojaron error.

Es decir no habían sido aprobados por la Comisión de Pases que preside el Ministro del Interior. Por eso, en julio pasado se activó una auditoría interna para detectar a las personas que se beneficiaron de estas irregularidades. Ese proceso continúa y la información será entregada a la Fiscalía.

Según el expediente de ese ente, dentro de la lista de uniformados que accedieron a este beneficio están coroneles, tenientes, capitanes y uniformados de otros rangos.

Los investigadores detectaron que ellos eran abordados por un grupo de agentes que supuestamente investigaban el ambiente laboral para ofrecer el cambio a quienes estaban lejos de sus domicilios.

Esos policías formaban parte del 35% de agentes que laboran en sitios que no son sus ciudades de origen. Cifras del Ministerio del Interior señalan que de los 47 000 uniformados que existen en el país, el 65% trabaja en sus zonas natales o al menos están a cinco horas de distancia de sus hogares.

Esa regla está dentro del Plan Nacional de Pases. La idea de la iniciativa es que sean los miembros más jóvenes y solteros, quienes completen las plazas en lugares en donde hay menor número de agentes.

Además se establece la construcción de vivienda fiscal para que los uniformados puedan llevar consigo a sus familias.
Pero el tema familiar no es la única razón por la que compraban pases. Lo hacían también para llegar a puestos o unidades más destacadas.

Por ejemplo, agentes que estaban en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) pagaban para ser trasladados a Unidades provinciales, direcciones o áreas especializadas.

Otros también fueron designados a Galápagos y a delegaciones en el extranjero.

En tanto, el juez de la Corte Provincial, Marco Rodríguez, ratificó ayer la prisión preventiva que pesa en contra del excomandante de la Policía, Fausto T. El oficial está detenido en la Cárcel 4 desde inicios de este mes. Esto debido a que es parte del proceso.

‘Las declaraciones de los procesados son absurdas’

Entrevista a Diego Fuentes, viceministro del Interior.

En el caso de los pases policiales van 27 procesados ¿Cuándo comienza esta investigación?

El país debe conocer que fue el Ministerio del Interior que el 20 de julio del 2015 presentó la denuncia. La investigación comienza a finales de mayo del año pasado. Ya teníamos conocimiento que el supuesto móvil de estos cobros era para presuntos pagos o gastos para marchas o movilizaciones. No nos sorprende que hoy los presuntos responsables sean quienes estén en una suerte de pataleo y tratando de endilgar cosas.

En la declaración que da en la Fiscalía, el excomandante de la Policía, Fausto T., recuerda lo manifestado por un agente de que el listado de pases entregaba una mujer a quien se la identifica como funcionaria de la Presidencia.

Hay que tener cuidado del eco que hacemos de personas procesadas, prófugas.

Pero en las declaraciones incluso se habla de que el dinero de los pases era para pagar joyas y para marchas.

Esas declaraciones son absurdas y temerarias. Niego rotundamente y esas actuaciones ilícitas no tenían autorización ni aval de las autoridades de este Ministerio ni de la Comisión de Pases.

En diciembre del 2013, el principal cabecilla recibe una felicitación del Ministerio del Interior.

No hay ninguna vinculación de una cosa con otra. En el Reglamento de la Policía es un derecho de todos los policías, por años de servicio o por alguna actividad, ser sujetos de felicitaciones. Hay requisitos, hay tiempos, hay acciones normadas.

¿Entonces recibió una felicitación?

Si está en un Acuerdo Ministerial, entonces existe.

¿Él trabajaba en la Presidencia de la República?

En efecto, trabajaba ahí. Pero el hecho de trabajar en una institución no le vincula a la entidad en actos ilícitos.

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