9 de febrero de 2018 00:00

39 agentes que reprobraron el polígrafo presionan a la Policía

El 4 de enero del 2015, un jefe policial murió tras enfrentamientos con otros agentes. Archivo EL COMERCIO

El 4 de enero del 2015, un jefe policial murió tras enfrentamientos con otros agentes. Archivo EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 28
Triste 0
Indiferente 2
Sorprendido 4
Contento 7
Redacción El Comercio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Era marzo del 2015. Al cuartel policial de Esmeraldas llegaron los comandantes de Quito. Hubo discursos y silencio. La tropa solo escuchaba cómo 93 agentes que operaban en esa provincia eran separados públicamente.

En uno de los pronunciamientos se explicó que los uniformados no estaban calificados como idóneos para el servicio, por no aprobar el detector de mentiras (polígrafo).

Tres años después de ese anuncio, 39 de esos agentes volverán al comando policial de Esmeraldas para exigir que les devuelvan sus cargos.

Acompañados de sus familiares y vestidos con sus antiguos uniformes se presentarán mañana a las 08:00, anunció ayer Gonzalo Realpe, abogado de los expolicías.

El grupo pedirá a la Policía y al Ministerio del Interior que se cumpla el fallo judicial del juez Óscar Corozo, quien tramitó una acción de protección de los expolicías.

En la resolución judicial, emitida el pasado 30 de enero, se ordena a la Policía y al Ministerio que “organicen un acto público con presencia de medios escritos y televisados y procedan con todos los honores del caso a reintegrarlos”.

Además, la autoridad debe pedirles disculpas públicas.

Pero el Ministerio no lo hará, pues apeló el dictamen y esperará que el caso se resuelva en una segunda instancia.

En el proceso, los abogados de la Policía defendieron la decisión de separar a los uniformados. En los alegatos presentados, los juristas explicaron que los uniformados fueron sometidos al polígrafo por dos “antecedentes históricos” que se dieron días antes.

El primero se refiere al asesinato de un jefe policial y el segundo, a los “índices delincuenciales que en toda la provincia habían aumentado de forma desmedida”.

Por eso, tras las pruebas, las autoridades de ese entonces dijeron que los agentes tenían nexos con bandas delictivas y de narcotráfico. De hecho, el asesinato del oficial se produjo durante una balacera protagonizada entre uniformados.

Ese enfrentamiento armado se produjo porque el jefe policial había descubierto que sus compañeros movilizaban un cargamento de droga en un patrullero. El cruce de balas se originó en una zona conocida como Las Piedras.

El oficial perdió la vida luego de recibir un disparo en el pómulo derecho. La bala le atravesó el maxilar superior y luego se alojó en la médula cervical.

Ese hecho convocó a una reunión urgente de generales y de autoridades civiles.

En esa cita se dispuso que se realizaran las pruebas y para eso se establecieron tres preguntas concretas: ¿Ha recibido beneficios del crimen organizado? ¿Ha participado en acciones ilícitas con el crimen organizado? y ¿ha entregado a las bandas información sensible respecto a los operativos?

Los agentes debían responder sí o no a las interrogantes.

Pero en el caso de los 39, su abogado dice que “nunca” pudieron conocer los resultados y que tampoco tuvieron un proceso administrativo para poder defenderse de las imputaciones realizadas.

Las pruebas practicadas en el 2015 se aplicaron a 670 agentes que operaban en toda la provincia de Esmeraldas y quienes no aprobaron fueron señalados por estar vinculados con homicidios, narcotráfico, robos y asaltos, según datos de la Policía Nacional.

Durante el proceso judicial, la defensa de los expolicías explicó que ninguno de sus defendidos ha estado procesado penalmente por estos delitos y que tampoco han enfrentado expedientes disciplinarios por mala conducta. Esas pruebas fueron presentadas ante el juez Corozo.

Luis Arroyo es uno de los agentes que fue separado. El martes, en Quito, dijo que nunca estuvo involucrado en actos irregulares y que ha pasado tres años sin trabajo.

Otros de sus compañeros contaron que desde la salida de la Policía han realizado actividades como transportistas, vendedores y mineros.

Agentes que conocieron del caso señalan que la muerte del oficial no fue el único caso grave que se detectó.

En el grupo de los 93 también estaban cinco policías, entre ellos dos oficiales que entre el 2014 y el 2015 fueron investigados por el robo de un cargamento de droga que se incautó a una avioneta que se estrelló en Pedernales.

Otros dos agentes, en cambio, fueron descubiertos cuando cobraban un cheque en un banco de Esmeraldas.

Las investigaciones determinaron que los uniformados habían recibido un soborno.

Por esos hechos, los gendarmes fueron enjuiciados penalmente y separados de la institución. En el 2015, agentes de Inteligencia también detectaron que existían uniformados involucrados en crímenes, bajo la modalidad de sicariato.

Realpe dice que eso no se ha comprobado y pide que el Ministerio del Interior reciba este sábado, 10 de febrero del 2018, a los 39 agentes para que sean restituidos en sus actividades policiales.

Los familiares de este grupo de exuniformados llegaron a Quito con carteles en mano, para decir que sus parejas no son delincuentes, que no están involucrados en ningún acto ilegal y que desean volver a sus puestos de trabajo.

El proceso legal

20 diciembre 2017

La acción de protección de los 39 policías es presentada en la Unidad Judicial multicompetente de Borbón, un cantón de Esmeraldas.

12 enero 2018

Se inicia audiencia para resolver el caso. La defensa de los exagentes dice que fueron separados a través de un decreto ministerial que vulneró sus derechos.

24 enero 2018

El juez Óscar Corozo determina su resolución de forma oral. Seis días después las partes son notificadas por escrito y el Ministerio apela a la resolución.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (7)
No (3)