Polémica por norma que crea impuestos para los azuayos

La Prefectura registra a las madres pobres que reciben ayuda del plan Crecer. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

La Prefectura registra a las madres pobres que reciben ayuda del plan Crecer. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

La Prefectura registra a las madres pobres que reciben ayuda del plan Crecer. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

La ordenanza que crea un modelo de soberanía alimentaria y desarrollo productivo en el Azuay genera polémica. Los sectores productivo y político cuestionan la aplicación de más impuestos para los azuayos.

En julio del 2017, la Cámara Provincial aprobó la Ordenanza que establece la Política Pública y Modelo de Régimen de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Productivo Local, en el marco del Sistema Nacional de Competencias.

Entre otros aspectos, creó la Contribución Alimentaria del 2% del salario básico (USD 7,72) de los trabajadores públicos y privados que aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

También, la Tasa Productiva que pagarán las personas naturales y jurídicas que comercialicen sus productos y servicios en Azuay: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, aunque no estén domiciliadas allá.

En este caso, las firmas pagarán entre USD 9,38 y 1 875, con base en su facturación. Por estas dos obligaciones, la Prefectura de Azuay aspira a recaudar USD 19 millones anuales, para el desarrollo de planes cuyo fin es disminuir la desnutrición infantil y la pobreza en la provincia.

Un estudio elaborado por la Prefectura, en el 2013, revela que 135 000 personas de Azuay viven en extrema pobreza, con menos de USD 2 diarios. De ellas, 20 000 son niños menores de 5 años y padecen desnutrición.

Uno de esos casos es el de Rosa Guachiculca y sus tres nietos, quienes sobreviven con USD 20 semanales.

De acuerdo con la normativa, esta población será atendida con la entrega de fundas de leche (actualmente se hace con el programa Crecer), suplementos nutricionales, seguro médico y canasta básica de alimentos. Otra parte será para fomentar la producción agrícola.

Las cámaras de producción cuestionan los dos impuestos, porque dicen que el país no está en un buen momento económico. Ponen reparos a los vacíos jurídicos y técnicos de la ordenanza.

Andrés Robalino, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, opina que la Prefectura no tiene competencia sobre temas sociales, ya que son tareas exclusivas de los ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social.

El prefecto Paúl Carrasco argumenta que “ninguna autoridad se ha preocupado por los niños y por los más pobres. No se puede estar tranquilo sabiendo que una importante población infantil no se alimenta bien”.

Otra crítica es que los gobiernos provinciales no pueden crear impuestos, sino solo tasas y contribuciones a cambio de servicio.

Por ello, el colectivo Organización Resistencia y Democracia presentó una acción de protección contra la normativa, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por violentar los artículos 300 y 301 de la Constitución respecto de principios del régimen tributario. El Tribunal negó el pedido.

Tarquino Orellana, de este colectivo, asegura que solo la Asamblea Nacional puede generar impuestos. Otro recurso similar presentaron los asambleístas Doris Soliz y Juan Cristóbal Lloret, de Revolución Ciudadana, ante el Consejo de la Judicatura.

El prefecto Carrasco admitió la existencia de algunos vacíos legales y por eso se harán reformas, “pero sin echar abajo el proyecto”.

Por ejemplo, se revisarán las fórmulas de cálculos para las empresas y el sistema de pago. Pero los directivos de las cámaras de la producción creen que los impuestos deben ser eliminados y, a su vez, elaborar una propuesta voluntaria que nazca del sector público-privado.

En contexto

La ordenanza de soberanía alimentaria de la Prefectura entró en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, el cobro de los dos impuestos creados se hará al término del ejercicio fiscal de este año; es decir, en el 2019.

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