13 de abril de 2016 18:59

Polémica por caso de muerte de bebé quemado en termocuna

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Redacción Guayaquil

Tras un año de la muerte del bebé que murió el 11 de abril del 2015, tras sufrir quemaduras de segundo grado en su espalda y brazo mientras era trasladado en una termocuna desde el hospital del IESS de Milagro hasta el Hospital Teodoro Maldonado, de Guayaquil, aún sus padres Tamara Franco y Mauricio Ronquillo esperan que se haga justicia.

El bebé murió dos días después de que se colocara, aparentemente sin explicación, unos guantes de agua caliente bajo las sabanas donde estaba.

La madre de Jeramy dice que a su hijo lo quemaron vivo. Asegura que se siente indignada por el mal manejo de la Justicia sobre el proceso que enfrentan.

En una rueda de prensa realizada este 12 de abril del 2016, los abogados Juan Vizueta, quien maneja la defensa de la familia Ronquillo Franco, Hernán Ulloa y Héctor Vanegas, defensores de los funcionarios de la casa de salud que son investigados por el supuesto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, indicaron que en el caso existe un presunto tráfico de influencias a favor de los médicos.

Los juristas dijeron que de momento el proceso está paralizado, y que hasta ahora no se ha realizado ninguna notificación para avanzar en las investigaciones.

“No vamos a permitir ningún tipo de injerencia en la función judicial, queremos llegar a la verdad, esto implica que las personas que cometieron este delito sean sancionadas, no personas que no tienen ninguna responsabilidad en el caso”, manifestaron.

El grupo de abogados, aseguró que no descarta la posibilidad de ejecutar un juicio por fraude procesal contra las principales autoridades del Consejo de Judicatura, esto en caso que no se revele el nombre del funcionario que ordenó “que libere a los ciudadanos cubanos”.

Ante ello, la mañana del 13 de abril del 2016, el director del Consejo de la Judicatura, Luis Rada, rechazó las acusaciones y aseguró que existe una investigación de carácter administrativa contra el funcionario que presuntamente habría presionado al juez Juan Carlos Vizuete, quien llevaba el proceso. “Negamos que exista fraude procesal, el Consejo de la Judicatura no oculta nada, desde que se hizo público el 30 de marzo pasado a través de redes sociales que un funcionario habría presionado al abogado Vizuete que ejercía las funciones de juez, se inició una investigación de carácter administrativa por parte del área de control disciplinario. El Consejo de la Judicatura no influye ni interviene en ningún caso”, dijo Rada.

Expresó además que la destitución del juez Juan Carlos Vizuete, se produjo luego que la alcaldesa de Milagro presentara una queja por intervenir en una medida cautelar de carácter constitucional sin haber tenido competencia en el proceso, y no por el caso de termocuna. “En un sumario administrativo que se abrió en su momento al abogado Vizuete, se determinó que había cometido una infracción disciplinaria, se respetó el debido derecho a la defensa por parte del abogado”.

Sobre ello el exjuez Vizuete rechazó las declaraciones del director del Consejo de Judicatura, y afirmó que en ningún momento intervino en un proceso sin haber tenido competencia. “Esto es el maquillaje que ellos le ponen para enmascara la verdadera razón de mi despido en el Consejo de la Judicatura, el cual estoy impugnado a través del contencioso administrativo”.

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