7 de septiembre de 2016 13:48

Polémica en Argentina por petición de imputar monja por denuncia por torturas

Una monja fue acusada de torturar a dos religiosas en un convento de Argentina. Foto: Imagen referencial Archivo/ EL COMERCIO

Una monja fue acusada de torturar a dos religiosas en un convento de Argentina. Foto: Imagen referencial Archivo/ EL COMERCIO

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Agencia EFE

La polémica sobre presuntas torturas denunciadas por dos monjas en el Convento Carmelita de la localidad argentina de Nogoyá (oeste) continúa en el país tras la petición de imputación por parte del fiscal contra la madre superiora, quien hoy 7 de septiembre del 2016 no acudió a declarar por razones médicas.

Según confirmó a Efe el procurador de la causa, Federico Uriburu, la hermana María Isabel, superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá (provincia de Entre Ríos), fue excusada de declarar tras presentar un certificado médico por un cuadro infeccioso que le obliga a tomar antibióticos y produce fiebre alta.

Pese a las críticas recibidas por investigar cuestiones relacionadas con prácticas religiosas, Uriburu prevé volver a citar a la religiosa en cuanto "esté recuperada de la dolencia", probablemente a comienzos de la próxima semana.

"Nosotros no estamos persiguiendo la libertad de culto, al contrario, estamos en primer lugar tratando de esclarecer un hecho de suma gravedad, cumpliendo nuestra obligación de fiscales de investigar", manifestó Uriburu, en respuesta a las acusaciones que le han llegado desde algunos sectores de la Iglesia.

El fiscal le imputa a la superiora, cuyo verdadero nombre es Luisa Toledo (63 años), un delito de "privación ilegítima de libertad agravada por los modos de llevarse a cabo" y los cargos se fundamentan "principalmente" en las declaraciones de dos integrantes del convento, que aseguran que no se les permitía salir del recinto y que se imponían castigos físicos.

Los medios argentinos dieron a conocer las denuncias de las dos supuestas víctimas y la policía llevó a cabo un allanamiento -donde se incautaron látigos, fustas y cilicios entregados voluntariamente por las monjas- a finales de agosto, lo cual generó un fuerte escándalo en el país.

Ante el revuelo, el resto de monjas que habitan el recinto negaron públicamente que se practiquen torturas y defendieron la clausura como modo de vida.

"Elegí estar acá, nadie me obligó", "no estoy obligada a tomar las penitencias que supuestamente dicen y tampoco estamos maltratadas por nuestra madre. Ella siempre actuó como madre, siempre nos cuida", dice la religiosa Ana María en un video publicado en la cuenta de Facebook del convento, creada a raíz de la investigación policial y el interés mediático.

"No pretendemos que nos entiendan, solo que nos respeten, que tengan en claro que somos felices. Para nada se nos han avasallado nuestros derechos humanos", agregaba una de sus compañeras en otro video.

Consultadas hoy por Efe, las integrantes de la congregación rechazaron hacer declaraciones respecto a la reciente imputación de la superiora y manifestaron que, en lo sucesivo, la información la gestionarán los abogados defensores, contratados para la causa por el Arzobispado de Paraná.

Uriburu, por su parte, remarcó que independientemente de las prácticas religiosas y de que las supuestas víctimas entrasen "voluntariamente" al convento de clausura, las monjas no dejan de estar en territorio argentino, sujetas a la ley del país, y, por ello, "corresponde" juzgar los hechos mediante "tribunales comunes".

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