El playón de La Marín, en el centro, es un lugar donde se concentra la mayoría de líneas de buses urbanos, que transportan a los pasajeros hacia el sur, norte y los valles de Quito. Vicente Costales / EL COMERCIO
Este 30 de junio vence el convenio que permitía que el Municipio entregara una compensación a los transportistas de USD 450 a 1 000 al mes. La cercanía del cumplimiento del plazo puso en apuros a la Comisión y a la Secretaría de Movilidad y al Concejo Metropolitano de Quito, que planean resolver el tema antes del viernes.
El objetivo es elevar la tarifa de transporte y que el Municipio deje de pagar esa compensación. En febrero del 2015, cuando el Concejo aprobó el plan de mejoramiento del servicio y con este la compensación, frenó las aspiraciones de los transportistas de un aumento del pasaje de 25 centavos a 38 o 40. Se calculó que se invertirían alrededor de USD 20 millones por año. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que hasta febrero del 2017 se pagaron USD 46 093 200.
Dos años y cuatro meses después de la entrada en vigencia del plan, el debate sobre cuánto debe pagar el usuario por este servicio regresó a la mesa. Luego de una consultoría contratada por la Secretaría de Movilidad se propuso una elevación a 30 centavos, a partir del mes entrante. Según los representantes de los transportistas, este monto no sería suficiente para mejorar el servicio de forma adecuada.
José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, afirma que las exigencias son fuertes y por eso preocupa que la revisión tarifaria no esté a la par de los requerimientos municipales. Informó que el gremio ha realizado estudios que determinan que la tarifa debería ser de al menos 35 centavos para respetar un proceso técnico. Otros, como Jorge Yánez, gerente de la Cooperativa Translatinos, afirman que el pasaje debería costar 38 centavos.
La estructuración de la tarifa del transporte se basa en estudios técnicos que incluyen componentes como el costo de combustibles, llantas, repuestos, mantenimiento integral, pago al personal, depreciación de los vehículos por el uso, entre otros. Pero según el vicealcalde Eduardo del Pozo, más allá de los costos operativos es indispensable tocar la calidad del servicio. “Es tangible que hay una contaminación increíble en relación con la emisión de gases de los buses”, dice.
Según el edil, esta es una queja permanente de la ciudadanía y cree necesario que el incremento en la tarifa traiga consigo controles más severos, sobre todo si se toma en cuenta que en el 2016 el Gobierno central eliminó la revisión vehicular semestral y dispuso que se hiciera una vez al año. Señala que eso podría haber agravado el problema. Además del inconveniente ambiental, el concejal Sergio Garnica cree que se deben establecer indicadores que midan la calidad del servicio y que incluyan el trato a los usuarios del transporte público.
Uno de los principales problemas es que los conductores aún compiten para llevar a más pasajeros y, según Garnica, evitan recoger a estudiantes, personas de tercera edad o con discapacidad, pues tienen una tarifa preferencial que podría establecerse en 15 centavos, si el Concejo lo aprueba. La consultoría contratada por la Secretaría de Movilidad incluye una revisión bianual de esos parámetros.
Aunque el edil señala que se debe tener cuidado, porque eso podría generar una expectativa de aumento de tarifa cada dos años. Es necesario tener un archivo que se actualice constantemente en la medición de la calidad de servicio, que en algún momento puede arrojar conclusiones que deriven en una revisión de la tarifa; esto no sería una regla. Agrega que mientras la calidad del servicio no esté garantizada, mal podría realizarse un incremento periódico en la tarifa.
En su sesión extraordinaria del viernes, el Concejo aprobó con 19 votos que la Secretaría de Movilidad dirija hoy un taller con los concejales, para despejar dudas sobre el proyecto de ordenanza que planteó la entidad a partir de los resultados de la consultoría.
Además de las preocupaciones sobre falencias en el servicio, los concejales puntualizaron que hace falta reorganizar las rutas, para mejorar la cobertura en barrios periféricos y parroquias en donde se debe esperar entre 45 minutos o una hora para transportarse. Otro problema es la escasez de unidades durante las noches. El compromiso que asumieron los ediles es que a más tardar mañana se retome la sesión para conocer en primer debate la normativa, con miras a la aprobación de la ordenanza, antes del viernes.