14 de December de 2014 19:13

El plazo para registro de organizaciones se vence 

En una ceremonia en octubre, la Ecuarunari se declaró en resistencia ante el Decreto 16. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En una ceremonia en octubre, la Ecuarunari se declaró en resistencia ante el Decreto 16. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Estefanía Celi R. Redactora (I)

La Ecuarunari se juega su vida. Lo hace en ejercicio del derecho a la resistencia, establecido en la Constitución, en contra del Decreto Ejecutivo 16, que establece que las organizaciones sociales y civiles deben registrarse ante un Ministerio y ante la Secretaría de la Política.

No lo han hecho. No lo harán, y el plazo vence este miércoles, una vez que se cumpla laextensión de seis meses que el Ejecutivo dio para que la Secretaría de la Política implementara el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (SUIOS).

Pero no son solo ellos. Este miércoles celebrarán un Consejo Ampliado, en el que se unirán a más organizaciones civiles a ejercer la resistencia en contra de una normativa que consideran que vulnera su derecho a la libertad de asociación. “Vamos a continuar con la desobediencia civil, no hay otra alternativa”, señala el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel.

El dirigente indígena asegura que además el sistema en línea para el registro, cuya creación se establece en el Decreto 16, no funciona hasta ahora. El portal web que la Secretaría de la Política debía implementar para que las organizaciones sociales presenten y actualicen su información no se ha llegado a concretar. La página web del antiguo sistema www.sociedadcivil.gob.ec tampoco está disponible.

El hecho de que no esté funcionando este sistema informático ya es causa suficiente para que el plazo tenga que ser modificado nuevamente, a criterio del exasambleísta Enrique Herrería, pues no se podría disolver organizaciones por no registrarse en un sistema en línea que no existe.

Así, el real alcance de este Reglamento está aún por comprobarse, pues establece que las organizaciones que no se registren en el SUIOS no podrán operar en el país. Si no se actualizan los documentos, será considerado como inactividad de la entidad y, por lo tanto, se activa una causal de disolución.
EL COMERCIO solicitó por correo electrónico la información sobre el avance del registro el 8 de diciembre. El viernes pasado, la Secretaría de la Política informó que otorgaría una entrevista a este Diario en esta semana, jueves o viernes. Pero mientras el avance de este registro no se da a conocer, durante este tiempo las organizaciones civiles también han emprendido otros esfuerzos en tratar de parar este Decreto.

Quince organizaciones solicitaron por escrito al presidente Rafael Correa que derogue el Decreto 16 “por considerarlo inconstitucional y atentatorio contra el derecho a la libre asociación”.

La carta fue enviada el 4 de diciembre y la respuesta por escrito llegó el viernes pasado. En ella, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dice que a quien le corresponde analizar la constitucionalidad del Decreto 16 es a la Corte Constitucional (CC).

Esa instancia conoce desde hace más de un año y medio tres demandas de inconstitucionalidad contra el Reglamento, que se agruparon en una sola causa: 0016-13-IN. Fueron admitidas a trámite, sin embargo no se ha convocado a una audiencia ni se ha sorteado al juez que conocerá la causa.

El Decreto sería inaplicable si la CC no resuelve, sostiene Herrería. “El Reglamento contraviene el artículo 95, 96 y 204 de la Constitución, por lo tanto es inconstitucional y toda autoridad pública que conozca de una norma inconstitucional tiene que inaplicarla”, dice.

Mientras tanto, Pérez Guartambel, quien regresó la semana pasada de la XX Conferencia sobre el Cambio Climático, señala que enviará hoy una comunicación a la Relatoría sobre los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, después de haber mantenido una reunión con ella en Lima, Perú. También espera una respuesta del Relator para la Libre Asociación de la ONU.

FRASE
“Debo hacer hincapié en que a quien en realidad le compete realizar el análisis valorativo sobre la correspondencia del Decreto 16 con la Constitución es a la Corte Constitucional”.
Alexis Mera Giler, secretario Jurídico de la Presidencia

En contexto
El Decreto Ejecutivo 16 se publicó en el Registro Oficial del 20 de junio del 2013. En diciembre del año pasado, se utilizó como argumento para el cierre de la Fundación Pachamama, bajo el criterio de que se “desvió” de los fines con los que fue constituida.

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