25 de julio de 2014 00:05

El plazo para extradición de Galo Lara terminará mañana

Galo Lara fue detenido en Panamá. Foto: EFE

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Washington Paspuel.  Redactor
wpaspuel@elcomercio.com

El plazo de 45 días que la Cancillería de Panamá tiene para decidir sobre el pedido de extradición del exlegislador Galo Lara, solicitado por la Fiscalía ecuatoriana, concluirá mañana.

El pasado 11 de junio, tres días después de su detención, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Panamá dispuso la prisión preventiva contra Lara por un lapso de 45 días, que empezaba a correr desde el 12 de junio, mientras la Cancillería panameña decide sobre el tema.

La Corte consideró que la defensa de Lara podía, en ese transcurso de tiempo, recurrir el pedido de extradición ante esa máxima instancia judicial.

Desde su detención, la defensa del exlegislador de Los Ríos interpuso 2 recursos para tratar de frenar su extradición.

El primero fue de advertencia de inconstitucionalidad, presentado una semana después de la aprehensión. Según el abogado del procesado en Panamá, José Brandao, con el recurso se advierte “ un posible delito constitucional” si es que la Cancillería autoriza la extradición sin notificar a la defensa del procesado.

El segundo es un hábeas corpus. Este Diario intentó obtener la versión de Pedro Granja, uno de los abogados del exasambleísta en Ecuador, sobre los alcances del pedido, pero la tarde de ayer tenía prevista una reunión para tratar el tema.

Granja manifestó el pasado 27 de junio que el hábeas corpus es para impedir que el procesado regrese a Ecuador. “En el último de los casos si lo quieren mantener privado de libertad, que sea en Panamá, en un tercer Estado en el que se garantice su integridad”.

La Cancillería ecuatoriana informó a su par panameña, el pasado 21 de mayo, sobre el trámite de la petición de extradición de Galo Lara, quien fue sentenciado a 10 años de prisión como cómplice de un triple asesinato ocurrido en la provincia de Los Ríos, en agosto del 2011. La gestión se hizo dos días después de que Panamá revocara el asilo que el exlgislador tenía desde el 2013.

El abogado de Lara en Centroamérica agregó que su defendido tiene una protección de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados, de Panamá, por cuanto es solicitante de esa figura. En ese sentido, sostuvo que si la deportación procede, sería a un tercer país.

Con respecto a la deportación, el fiscal general Galo Chiriboga señaló que no era una alternativa para conseguir el retorno del exlegislador. Recordó que Ecuador formuló dos pedidos. Uno sobre si había una situación migratoria irregular y otro, la extradición planteada por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia.

Para él, las posibilidades de que no proceda la extradición, “solo obedecerían a una falla desde el punto de vista de los documentos que presente Ecuador”. Chiriboga cuestionó que Lara pueda ser favorecido con un estatus de refugiado.

“Sería inconsecuente que un país que ya le negó el asilo territorial le otorgue el estatus de refugiado”, escribió en su cuenta de Twitter el 12 de junio.

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