26 de abril de 2018 00:00

Cinco planteles educativos fueron intervenidos en ocho meses

María Augusta Montalvo, subsecretaria (izq), se reunió con autoridades y padres de familia del plantel municipal. Foto: Cortesía: Subsecretaría de Educación del Ministerio del ramo

María Augusta Montalvo, subsecretaria (izq), se reunió con autoridades y padres de familia del plantel municipal. Foto: Cortesía: Subsecretaría de Educación del Ministerio del ramo

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Valeria Heredia
jheredia@elcomercio.com

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La conformación de un comité de apoyo pedagógico y reuniones entre autoridades, padres y estudiantes son algunos de los pasos dados dentro del proceso de intervención a un establecimiento educativo municipal de Quito.

El proceso se abrió el martes (24 de abril del 2018) pasado tras registrarse irregularidades en el ámbito de protección de derechos de los estudiantes, por presuntos casos de violación y acoso sexual. Además, en los campos administrativo y pedagógico.

Ante esos casos, el Ministerio de Educación evalúa una o varias causales para iniciar una intervención. Entre ellas , afectación a los derechos de los niños por falta de provisión del servicio, paralización de actividades que provoquen el cierre del centro, actos violentos, conmoción interna por la negligencia de autoridades e irregularidades pedagógicas.

En lo que va del ciclo 2017-2018 se ha intervenido a cinco instituciones educativas de Quito. De ellas, tres son fiscales, una particular y una municipal, según María Augusta Montalvo, titular de la Subsecretaría de Educación de Quito del Ministerio.

En los cinco planteles hay 10 552 estudiantes. Representa el 1,5% del total de alumnos que estudian en la capital, según datos obtenidos del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE).

El año escolar anterior, es decir, el 2016-2017, se registraron seis intervenciones. En cinco de ellas, los casos se cerraron. Solo uno sigue abierto por un problema en una propiedad.

Según la funcionaria, una intervención implica, entre otras cosas, hacer un repaso del ámbito académico, administrativo, también de la protección de derechos, de normativa y la revisión de la infraestructura.

En el caso del colegio municipal, la intervención durará un año. En los otros planteles, el tiempo es de seis meses.

Una de las primeras acciones en la institución municipal fue la separación del docente vinculado a un presunto caso de violación sexual en contra de dos estudiantes. Él dejó el plantel en esta semana. Hoy hace actividades en la Secretaría Municipal.

“Ya no tiene contacto con los estudiantes”, afirmó Pedro Fernández de Córdova, secretario de Educación Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Las denuncias por presunta violación fueron colocadas en la Fiscalía. Lo hicieron las autoridades institucionales. Aún no se concreta la de las familias, dijo Fernández.

Esa Secretaría trabaja junto al Ministerio, como parte de la intervención en el plantel. Se conformará una comisión, que acompañará y brindará apoyo a la interventora designada por la Cartera de Estado.

En esa institución además se registró un presunto hecho de violación sexual entre estudiantes. Ellos fueron separados del colegio, producto de las investigaciones que realizan las autoridades.

Otra de las acciones que se ha dado fue la separación del titular de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Según Montalvo, “el personal no tenía interiorizados los protocolos de actuación ante estos casos e incumplió con algunos pasos”.

Montalvo destacó las reuniones con los padres, madres y estudiantes. Con ellos se conversó sobre las inquietudes en torno a estos temas.

Una de ellas es que les ofrezcan garantías para concluir el año escolar.
Juan Carlos Boada, presidente subrogante de la Asociación de Padres de Familia del plantel intervenido, espera que con esta acción se rescate la calidad y el prestigio académico que tenía la institución.

El representante sostiene que este proceso debe ser una oportunidad para corregir falencias y lograr que los graduados formen parte del Grupo de Alto Rendimiento.

Javier Suárez, otro padre de familia, también pide que se garantice la continuidad del Bachillerato Internacional.

Desde el Ministerio se confirmó que no habrá un cambio de sostenimiento del plantel de municipal a fiscal, es decir financiado por el Estado.

La intervención se dio también por fallas en la administración y gestión, el usufructo de bienes públicos y problemas en el ámbito pedagógico.

La Secretaría de Educación Municipal convocará a un concurso de méritos y oposición para elegir rector, vicerrector e inspector general. Los actuales son encargados.

Sobre la gestión de fondos por concepto de ocupación de piscina, teatro y parqueaderos, Fernández confirmó que los recursos eran manejados por los padres de familia. Eso se revisará, anunció.

En contexto

El Ministerio de Educación ha realizado acciones para precautelar los derechos de los estudiantes ante casos de violaciones sexuales. Uno de ellos es la campaña Más Unidos Más Protegidos. Además, se entregó casos a la Fiscalía para su investigación.

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