Las plantaciones ilegales de banano afectan al sector

Redacción Machala 

En  medio de una vieja plantación de banano, Margarita Sigüenza se  ingenia para cortar, lavar y empacar en cartones los racimos.

Los cosechó, el día previo, en su finca de dos hectáreas del sitio Corralitos, en el norte de El Oro.

Sus hermanos y sobrinos colaboran en la tarea. La pequeña productora negoció 100 cajas de la fruta  a USD 4 cada una, a una comercializadora local que vende al mercado chileno.

El precio oficial de la caja es de USD 5,40, pero Sigüenza no tuvo más opciones.  “Mi producción es orgánica, pero mis compradores usuales no quieren ahora. Por eso, debo entregar al precio que sea, como banano de segunda”.

Sigüenza tampoco puede vender directamente a una exportadora, porque su finca no está registrada en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap). El registro es requisito para firmar los contratos.

En Corralitos, una de las zonas productoras de banano del cantón Machala, predominan las fincas pequeñas. Muchas de ellas son de herencias  familiares.

Corralitos refleja un problema: las plantaciones no legalizadas. Según el Magap, de los 12 400  productores de banano en el país,  8 500 no tienen legalizadas sus tierras y la producción.

El Oro concentra el mayor número de productores: 3 500, pero más del 75% posee fincas entre pequeñas y medianas (de 1 a 80 hectáreas), según  la Dirección Agropecuaria provincial.
“Debido a esa situación, a los pequeños productores  no les pagan el precio oficial y deben buscar cuperos”, indica el subsecretario de Agricultura del Litoral, Rafael Guerrero Burgos.

Un cupero es un intermediario que compra la fruta a los  productores sin contrato y luego la revende a las exportadoras. En Machala, sus negocios se ubican en la vía a Puerto Bolívar, cerca de los muelles de la Autoridad Portuaria, el punto de embarque de la fruta  para la exportación.

El productor Eduardo Nieto, dueño de una plantación en   San Miguel de Brasil –en el límite entre El Oro y Azuay-, denuncia que los cuperos se aprovechan cuando cae el precio. “Ahora nos hemos informado de que los cuperos les arriendan las propiedades a los productores, para sacar la fruta como si fuera de ellos”. Los intermediarios que tienen sus bodegas en Puerto Bolívar rechazaron hablar sobre su actividad.

La legalización de las tierras tiene consenso entre los productores pequeños, pero una parte de la dirigencia no piensa lo mismo sobre la firma de contratos.

“El contrato no es una solución, porque igual nos niegan las cajas en los muelles”, manifiesta  Jorge Toapanta, secretario general de la Asociación de Bananeros Orenses (ABO).

El actual bajo precio de la caja tiene otro culpable: la sobreoferta. Esto se debe también al incremento de las hectáreas  sembradas en la última década.

La empresa estatal, en marcha

La Empresa Nacional del Banano dispondrá de  USD 28 millones para adquirir fruta  al precio oficial de USD 5,40 la caja.

El subsecretario de Agricultura del Litoral, Rafael Guerrero Burgos,   dijo el viernes en Machala, en una reunión con pequeños cultivadores, que esos dineros son parte de los USD 30 millones que se necesitarán para crear la exportadora estatal. “Así se creará competencia. Si (las exportadoras) no quieren perder a sus clientes deberán pagar el precio oficial”.

El funcionario mencionó que hasta mediados de año la firma estatal empezará a operar. “Tiene que ser mixta, con los pequeños productores como socios”.

La estatal bananera no competirá en los mismos mercados en los que operan las exportadoras privadas. Según el Subsecretario, buscarán mercados alternativos, como Irán y Siria.

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador espera, según su director, Eduardo Ledesma, que la firma estatal se maneje bajo mismas las reglas del mercado que las privadas.

Suplementos digitales