6 de septiembre del 2016 00:00

Petrolera fue señalada por daños a Wisuya

Joaquín Hernández, de Amerisur, explica sobre los trabajos en el territorio siona. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Joaquín Hernández, de Amerisur, explica sobre los trabajos en el territorio siona. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Valeria Heredia
Redactora (I)
jheredia@elcomercio.com

La empresa petrolera colombiana Amerisur Resources ingresó a Wisuya, taló árboles, abrió zanjas, destruyó la vegetación y enfureció a una comunidad indígena que no estaba en sus mapas.

Hace nueve meses, el ruido de las sierras y la maquinaria para instalar un oleoducto, que transportará crudo de Colombia por suelo ecuatoriano, alertó a esta comunidad ubicada cerca del río Putumayo, en el extremo norte de Sucumbíos.

Al menos 150 árboles -algunos ancestrales- y un ojo de agua se perdieron.

Ahora, el Consejo de Ancianos Kichwa Siona presiona para que la firma colombiana y la petrolera ecuatoriana Petroamazonas, con la cual tiene un convenio para este proyecto, respondan por los daños.

El pasado 25 de agosto aceptó que una delegación de ambas petroleras, de la Defensoría del Pueblo, de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y del Ministerio del Ambiente (MAE) ingresara a su territorio, para que se valorasen los daños.

De entrada, los delegados la pasaron mal, pues la comitiva foránea intentó ingresar directamente al sitio afectado, sin pedir permiso a la comunidad. “En nuestra casa, nuestro territorio, no pueden hacer lo que ustedes quieran. Se cumple y se respetan nuestras pautas”, advirtió con voz enérgica Sandro Piaguaje, miembro del Consejo Kichwa Siona. Y anunció el inicio del ritual.

Con camisón blanco y collares de vistosos colores, símbolo de la pertenencia al Consejo, Laureano Piaguaje, de 109 años, agitaba la ayahuasca y esparcía el humo del cigarrillo que emanaba de su boca. Así, el ‘taita’, como llaman a los ancianos en esta comunidad, armonizaba la presencia de los extraños en el lugar. “La visita debe realizarse con tranquilidad, porque nuestra madre naturaleza merece respeto”, señaló en su idioma, ante la mirada impaciente de las delegaciones.

El silencio del ‘taita’ fue la señal de que el ritual concluyó. La guardia indígena se puso de pie e inició la marcha hasta el sitio afectado. Les siguieron comuneros y delegaciones.

Tras 10 minutos de caminata hallaron la Casa del Pensamiento, uno de los templos de la comunidad. En estos espacios, los ‘taitas’ reflexionan y preparan brebajes a base de ayahuasca, para curar los males de los comuneros. Pero en este lugar ya no lo hacen.
La intervención de la petrolera dañó el ojo de agua en donde nacía el riachuelo utilizado para los rituales. Hoy, el líquido es escaso y la edificación debe ser derribada.

“El agua fue maltratada. Ya no sirve”, dijo con nostalgia Darwin Rodríguez, otro miembro del Consejo.

Pero no es la única afectación. Los kichwa siona avanzaban con agilidad entre el espesor de la selva y el barro. De repente, el escenario de árboles frondosos y de amplios troncos se transformó en una planicie de unos 200 metros de largo por 15 metros de ancho.

En esta área se colocaron la tubería, herramientas y otros materiales para la ampliación del oleoducto. En los alrededores de la zona, entre la maleza, aún se observaban troncos caídos y un hilo de agua a punto de extinguirse.

Con mapas y oficios en mano, los funcionarios de las dos petroleras negaban haber causado los daños. Amerisur dijo que las obras para levantar el oleoducto contaban con estudios de impacto y licencia ambiental, emitidos en enero y febrero de este año, respectivamente. Pero los comuneros reclamaron que las obras se iniciaron en noviembre del 2015.

“En este tema hay que hacer una precisión, estábamos realizando los estudios de impacto ambiental. Eran obras preparativas, de prealistamiento, que es cuando alistas campamentos, contratas mano de obra”, dijo Joaquín Hernández, técnico de la petrolera colombiana, que se encarga de la ampliación del oleoducto con una inversión de USD 20 millones.

Un informe técnico del MAE, del 13 de abril pasado, le dio la razón a la comunidad. En el texto se señala que el proyecto de ampliación del oleoducto para la evacuación del crudo colombiano “no cuenta con licencia ambiental” y dispuso la indemnización y compensación a la comunidad.

La falta de una consulta previa y el ingreso para reforestar el terreno sin permiso también molestó a los amazónicos.
Hernández mostraba a la comunidad el catastro municipal que,
según dijo, permitió a esta petrolera el ingreso a territorio siona.

Dijo que el predio intervenido estaba a nombre de Agustina Lallana y no de la comunidad. En sus mapas, Wisuya no aparecía. De hecho, la petrolera confundió a los sionas de esta área con la comunidad de Los Chíparos, ubicada a un par de kilómetros al sur de Wisuya, con quienes se efectuó la consulta previa.

La petrolera también destacó que ha remediado el área sembrando unas 170 plantas.

Para María Espinosa, abogada en Derechos Humanos y quien acompaña de cerca el caso, no solo se registró un impacto ambiental sino inmaterial. Considera que es importante crear precedentes sobre este tipo de casos, para que prevalezcan los derechos ancestrales de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. “Exigimos que la petrolera reconozca el daño”.

Los argumentos de Amerisur no convencieron a la comunidad. Alonso Aguinda, presidente de Wisuya, se dirigió a los representantes de las petroleras para prohibirles el ingreso a su territorio sin su autorización y pidió que salieran en ese momento del lugar.

En la comunidad esperaba el Consejo de Ancianos, que compartió comida y agua con los comuneros. Entre los árboles, una leyenda despedía a los foráneos: “Por un territorio sano… No a las petroleras”.

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