9 de noviembre de 2015 11:26

Petrobras demanda al Estado ecuatoriano por USD 830 millones

Jorge Glas, Carlos Pareja y Wilson Pástor, en la negociación de los contratos petroleros. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Jorge Glas, Carlos Pareja y Wilson Pástor, en la negociación de los contratos petroleros. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Alberto Araujo
negocios@elcomercio.com

Una nueva demanda se suma a la lista de arbitrajes que el Ecuador enfrenta en cortes internacionales por más de USD 6 670 millones. La petrolera brasileña Petrobras presentó el 3 de agosto del 2015 una demanda por alrededor de USD 830 millones contra el Estado, ante un Tribunal Arbitral administrado bajo la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

La información fue entregada el viernes pasado a este Diario por la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado.

El procurador, Diego García, señaló que ya están designados los árbitros para este caso y deben definirse las etapas procesales. La disputa pudiera demorar al menos unos dos años antes de un fallo definitivo.

La demanda fue interpuesta por Ecuador TLC (cuyos accionistas son Petrobras Argentina S.A. y Petrobras Energía Ecuador, según la Superintendencia de Compañías) además de las firmas Cayman International y Teikoku Oil Ecuador.

Las tres empresas se asociaron para explotar el Bloque 18 de la Amazonía y el campo unificado Palo Azul. Ecuador TLC (Petrobras) era la operadora del bloque hasta finales del 2010, cuando surgió la dispu­ta con el Estado ecuatoriano.

La Asamblea aprobó a mediados de ese año una reforma a la Ley de Hidrocarburos para establecer un plazo máximo para la renegociación de los contratos petroleros que debían pasar de la figura de participación a otra de prestación de servicios, en la cual se pagaba una tarifa fija por barril extraído.

Las empresas que no lograran ponerse de acuerdo con el Gobierno -para cambiar de figura- tendrían que negociar con la Secretaría de Hidrocarburos la liquidación de sus inversiones no amortizadas.

Este fue el caso de Petrobras y sus socias, que entregaron sus campos a la estatal Petroa­mazonas en enero del 2011 y entraron en una etapa de negociación para la liquidación de su contrato.

En un principio, la petrolera buscaba una indemnización de USD 300 millones, pero en el 2012, el entonces ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, anunció un preacuerdo para pagarles USD 217 millones.

Sin embargo, la transacción no se cristalizó. La petrolera brasileña y sus socias discreparon con la Secretaría de Hidrocarburos en el cálculo para el pago de sus inversiones no amortizadas y el retorno que esperaban por la extracción de crudo hasta la finalización de su contrato, en el 2022, según información de la Procuraduría. De ahí surge la demanda arbitral que finalmente fue presentada en agosto pasado.

Este Diario pidió una versión a los abogados y representantes de Petrobras en Ecuador, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.

En total, Ecuador se defiende en 17 demandas arbitrales de inversión en tribunales internacionales, por USD 6 670 millones, incluido el caso Oxy, pero sin la cuantificación del caso Chevron III. Para más detalles sobre estos procesos, lea el informe que el semanario Líderes publica este lunes (9 de noviembre del 2015).

Audiencia de Perenco
Desde hoy y hasta el viernes se llevará a cabo en París la audiencia relativa a la etapa de daños dentro del arbitraje iniciado por la petrolera Perenco contra el Estado ecuatoriano, en el 2008, ante el Ciadi.

Esta etapa procesal se inició el 19 de diciembre del 2014, con la presentación de la demanda y concluirá con esta audiencia, luego un Tribunal deberá dictar su fallo final.

En su demanda, la petrolera francesa pretende una indemnización de USD 1 572 millones más intereses, por lo que considera una confiscación de sus operaciones en el Ecuador.
 
Perenco dejó los bloques 7 y 21 de la Amazonía en el 2009, debido a la Ley 42, que establecía que el 99% de las ganancias extraordinarias de las petroleras por el alto precio del petróleo se quedarían con el Estado. El Gobierno caducó el contrato de la francesa y la contrademandó por daños ambientales.

 

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