28 de febrero de 2016 00:00

Dura situación familiar de pescadores presos

En la playa de Tarqui, en Manta, los artesanos prefieren no hablar sobre el narcotráfico. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

En la playa de Tarqui, en Manta, los artesanos prefieren no hablar sobre el narcotráfico. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

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Bolívar Velasco

Esa noche de abril el pescador no pidió la bendición a su madre. Salió de casa sin despedirse, caminó hasta el puerto de Jaramijó, un pequeño cantón manabita, y se embarcó en una lancha. Fue la última vez que lo vieron en el muelle.

Antes de zarpar, el joven llamó a su madre y le dijo que cuidara a sus tres hijos y que al regreso le contaría todo. Ella no se conformó e intentó conocer con quién iba a pescar.
No hubo tiempo para preguntas, la comunicación se cerró y dejó de contestar las llamadas. El paradero del pescador se conoció hace un mes, casi un año después de esa fugaz llamada. Su familia se enteró que estaba detenido por haber transportado un cargamento de drogas.

La Marina de Estados Unidos lo capturó con otro pescador. Ahora ambos pagan una condena de 11 años de cárcel.
Los familiares confirmaron la noticia en la Capitanía del Puerto de Jaramijó. Actualmente hay 40 pescadores de esta localidad que están presos en Colombia, Guatemala, Honduras y EE.UU.
En esta semana, EL COMERCIO reveló cómo los pescadores artesanales han sido captados por mafias del narcotráfico, especialmente en cinco provincias costaneras.

Tras conocer estos casos, el Ministerio de Justicia dijo que ya se tramitan las repatriaciones de 11 detenidos en EE.UU.
En Jaramijó las historias de jóvenes reclutados por el narcotráfico son similares. Una mujer relata que se quedó a cargo de sus sobrinos luego de que capturaran a su cuñado en aguas guatemaltecas. Está desesperada porque le falta dinero para mantenerlos; los niños tienen discapacidad y necesitan medicinas.

Ella tiene otros tres hijos y la poca pensión de alimentos que le pasa su exesposo no alcanza para alimentar a los cinco niños que ahora viven en casa.

Los padres del pescador arrestado se sienten impotentes. Están enfermos y no pueden ayudar a sus nietos.

Por eso, la mujer que cuida de los pequeños se ha visto forzada a pedir ayuda a los vecinos. Ella no sabe dónde localizar a la madre de los dos menores que dejó el pescador, porque hace cinco años se separó de él y desapareció. Él está sentenciado a 10 años de cárcel por movilizar droga.

El padre de otro ecuatoriano procesado en Honduras elabora hamacas con las mallas que se desechan en los buques. Lo poco que le queda de las ventas lo ahorra para viajar y saber qué sucedió con su hijo.

Recostado sobre una de esas hamacas cuenta que tiene USD 2 000. Quiere viajar a Quito y preguntar en la Cancillería sobre los trámites que debe hacer para ir a Guatemala, donde su hijo permanece detenido, pagando una condena de ocho años.
Los familiares de los 40 pescadores de Jaramijó perdieron comunicación con ellos en el 2015. No saben cómo están de salud ni el estado de los juicios.

En Jaramijó, por donde se camine se siente la actividad pesquera. A lo largo de sus ocho calles asfaltadas y con vista al mar hay embarcaciones desperdigadas y trasmallos colgados en alambres.

El 90% de los 18 486 habitantes se dedica a la pesca artesanal o tiene un empleo en los buques atuneros que operan en el puerto de Manta.

La gente admite que el negocio de la pesca ya no es rentable, por eso los pescadores son blanco fácil del narcotráfico.

El dirigente John Vera asegura que para una faena presupuestan hasta USD 400, pero apenas les queda USD 300 por las ventas en tierra.

Investigadores policiales refieren que las organizaciones criminales ofrecen hasta USD 70 000 a los ecuatorianos para que movilicen los cargamentos de droga a Centroamérica.
Los agentes advierten que muchos de los que aceptan las ofertas no consiguen entregar la cocaína, pues son capturados por las patrullas marítimas de Colombia, EE.UU., Guatemala, El Salvador o de México.

En Jaramijó, los tres hijos de otro ecuatoriano lloran cuando su abuela habla de su padre. El pescador desapareció el año pasado.

Nadie sabe lo que pasó con él y cada noche, cuando los pequeños van a la cama, preguntan a su abuela si regresará. Ella prefiere callar.

El artesano pescaba una o dos semanas al mes y el resto de días pasaba en casa ayudando a sus hijos en las tareas de la escuela o jugando con ellos.

Desde su partida, la familia solo come dos veces al día y la madre del detenido también tuvo que dedicarse a la pesca para mantener a sus nietos y a su esposo que está enfermo.

La pequeña vivienda de esta familia está a medio construir. Una hoja de zinc permite el acceso a la casa. Los muebles de madera están deteriorados, la esponja sale de unos cojines con roturas y en la única habitación hay cinco camas, apenas separadas por bultos de ropa. Un antiguo televisor que se apaga cada cinco minutos es el único artefacto en la sala.

La madre del pescador detenido por la Marina de EE.UU. recuerda que antes de los viajes siempre persignaba a su hijo y le recordaba que llevara dos chompas y la brújula por si perdían la dirección en el mar.

La pobreza es latente en Jaramijó y otras zonas costaneras de Manabí, poblaciones que ahora se han vuelto vulnerables al poder del narcotráfico.

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