9 de July de 2009 00:00

Pesántez entra a la puja Quito-Bogotá

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Redacción Judicial

El juicio contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos,  ahonda la crisis diplomática entre los gobiernos de Quito y Bogotá. 
 

16 meses
es el tiempo que lleva el proceso penal por las 25 muertes en Angostura.
Ayer, la Fiscalía del Estado  y la Cancillería criticaron la demanda  que presentaron abogados colombianos contra el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

El lunes pasado, abogados encabezados por Abelardo de la Espriella  acusaron al Mandatario de tener  supuestos vínculos con las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y pidieron su enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional.

En esa denuncia también solicitaron el enjuiciamiento del  ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, y del  ex funcionario de la Cartera de Gobierno, Ignacio Chauvín.  
 


La defensa actuó 
El defensor público  de Juan M.  Santos, Walter Lombeida, presentó un pedido para que se revoque la  orden de prisión. Ese recurso será resuelto  por la Corte Provincial de Sucumbíos.  
La Fiscalía General  se quejó de la poca colaboración de su similar colombiana. El 30 de julio pasado pidió que recibiera el testimonio del ex ministro Santos, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta.
Santos es  imputado por supuesto asesinato. La pena máxima, según la legislación ecuatoriana,  es  de 25 años de reclusión.Esas querellas surgieron luego de que el juez tercero de lo Penal de Sucumbíos, Joel Bustos, ratificó la orden de prisión contra Santos, así como su enjuiciamiento por la muerte de 25 personas en el ataque a la base     guerrillera en Angostura, en marzo de 2008.
   
Para el canciller Fander Falconí  este es el peor momento de las relaciones entre Ecuador y Colombia, luego del bombardeo a Sucumbíos.  “La respuesta del Gobierno colombiano ha sido política, con un ataque, nuevamente subiendo el tono de la confrontación, deteriorando aún más las relaciones políticas, que están rotas en términos diplomáticos”.

El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, restó importancia a  la demanda. Sostuvo que el presidente Rafael Correa posee un fuero especial que lo blinda de los juicios penales en otras naciones.

Sin embargo, ayer cuestionó al abogado  De la Espriella. Lo identificó como defensor del estafador David Murcia Guzmán, creador de la empresa de piramidación de capitales DMG. Además, es indagado por su participación en la compra de conciencias de legisladores colombianos.
 
También criticó al presidente  Álvaro Uribe, quien la semana pasada calificó a la acción de los jueces y fiscales de Sucumbíos como “una maniobra de los auxiliares  de las FARC”.

“Habría que decir  que la acusación contra Correa por presuntos nexos con las FARC  no es sino acrobacia de los testaferros del paramilitarismo y terrorismo de Estado ”, dijo Pesántez.
 
El Fiscal defendió el juicio contra Santos y negó que se trate de un proceso político. De hecho, anunció que insistirá a Interpol para que busque y detenga al ex Ministro de Defensa del vecino país.
 
La semana pasada, Interpol negó la solicitud ecuatoriana de difundir una notificación azul para que se  busque al ex Ministerio a escala mundial. Para Pesántez esa decisión fue errada, porque las normas de Interpol  señalan que solo se puede negar un pedido cuando se trate de casos políticos, militares, religiosos o raciales.

“Enviamos una nota de protesta a Ronald  Noble (secretario general de la Interpol),  insistiendo ya no en una circular azul (de ubicación) sino en una roja (de captura con fines de extradición)”. 

Miguel Cisneros, jefe de Interpol en Ecuador, aclaró que la oficina central del organismo,  en Francia, debe    calificar la solicitud, antes de difundirla a los  países miembros. También dijo que la captura se concretará luego de que haya un pedido formal con un proceso de extradición, que deberá empezar la Función Judicial, a través  de la Cancillería.

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