12 de mayo de 2015 18:12

Humala considera declarar estado de emergencia para frenar protestas antimineras

Al momento, las protestas en la provincia de Islay han dejado tres muertos. Foto: Agencia AFP.

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Agencia AFP

El presidente Ollanta Humala admitió el martes que su gobierno evalúa declarar el estado de emergencia para frenar las violentas protestas antimineras que se registran en el sur de Perú contra un proyecto cuprífero de la mexicana Southern Copper, por USD 1.400 millones.

"Lo estamos evaluando, todo tiene una gradualidad, lo que queremos es restablecer la normalidad, retomar el diálogo con los dirigentes que realmente reflejen los intereses de Islay", dijo a periodistas Humala consultado sobre la posibilidad de recortar el derecho a la protesta vía el estado de emergencia.

Las declaraciones de Humala, un exteniente coronel del ejército, se producen en el primer día de un paro de 72 horas en Arequipa, segunda ciudad de Perú, convocado por la Federación de Trabajadores, en solidaridad con los agricultores de la provincia arequipeña de Islay donde se desarrollaría el proyecto minero Tía María.

El paro en Arequipa no tuvo mayor impacto en su primera jornada y se limitó a una marcha pacífica de decenas de manifestantes por las calles de esta ciudad, donde por precaución las autoridades suspendieron las clases escolares el miércoles y jueves.

Las protestas en la provincia de Islay, que han dejado tres muertos, se iniciaron el 23 de marzo pasado de la mano del colectivo Frente de Defensa, que agrupa a varias organizaciones de la zona, que se oponen a la minería bajo el argumento de que contaminará a la agricultura y el agua en la región.

En un intento de evitar el naufragio del proyecto minero el gobierno envío el sábado último un contingente de 1.000 soldados para apoyar en tareas de vigilancia en sitios estratégicos, como puentes, a los 3.000 policías encargados del orden público en la provincia de Islay.

Un eventual estado de emergencia le otorgaría el brazo legal a las fuerzas armadas, ya presentes en el lugar, para una mayor intervención, como el control de la zona, limitando el derecho de reuniones públicas y permitiendo allanar domicilios.

El gobierno ha abogado por la convivencia entre la industria extractiva y la agrícola en esa región agraria de Perú. Para ello ha convocado a un diálogo entre las partes, que es rechazado por los opositores a la explotación minera en la zona.

"Garantizamos que no va a correr riesgo, la producción (agrícola) del valle del Tambo es importante y necesaria para la Región Arequipa y para el mercado nacional. Creemos que pueden coexistir las dos actividades", dijo Humala el martes.

En los pueblos aledaños a Islay, las protestas se multiplican con esporádicos enfrentamientos entre manifestantes y policías, que repelen con gases lacrimógenos los ataques a pedradas.

La población se opone al proyecto cuprífero Tía María desde su lanzamiento en 2009. En 2012 murieron tres personas durante una protesta contra las obras, que fueron declaradas luego como inadmisibles por infringir la legislación ambiental. Pero un año después se flexibilizó esa legislación y se dio luz verde al proyecto minero.

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