3 de octubre de 2016 19:39

Seis personas fueron vinculadas al caso Proinco; la instrucción fiscal se prolongó por 30 días

Los seis procesados son accionistas de tres empresas relacionadas con la Sociedad Financiera Proinco

Los seis procesados son accionistas de tres empresas relacionadas con la Sociedad Financiera Proinco. Foto: @FiscaliaEcuador

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La Fiscalía vinculó a seis personas al proceso de investigación sobre una presunta estafa en el caso Proinco. La audiencia se realizó la mañana de este 3 de octubre del 2016, en la Unidad Judicial Penal de Pichincha, en el centro-norte de Quito.

Los seis procesados son accionistas de tres empresas relacionadas con la Sociedad Financiera Proinco. Según la fiscal María Susana Rodríguez, estas tres compañías habrían recibido dinero del público a través de “acuerdos de venta de derechos fiduciarios”, acompañados de pagarés que respaldaban la inversión. A cambio, recibían dinero a plazos.

Se presume que las personas asumían que iban a invertir en Proinco, pero la Fiscalía descubrió que en realidad esos dineros iban a sociedades anónimas no reguladas por la Superintendencia de Bancos.

Estas empresas estaban siendo intervenidas por la Superintendencia de Compañías, debido a que presentaban irregularidades administrativas. La Superintendencia de Bancos certificó que ninguna de estas empresas eran instituciones del sistema financiero nacional, razón por la cual no podían realizar este tipo de transacciones.

Tras la audiencia, la jueza Karen Matamoros dictó prisión preventiva contra tres procesados y medidas sustitutivas para los otros tres, estas son la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente. Además, la instrucción fiscal se prolongó por 30 días más.

Este diario buscó la versión de la defensa de los implicados en el caso, sin embargo no se pronunciaron.

El pasado 11 de junio del 2016, la Fiscalía inició un proceso penal contra Santiago R., por su presunta responsabilidad en el delito de estafa, tras haber recibido sumas de dinero a través de empresas que no estaban autorizadas.

La Fiscalía inició este caso con base en las denuncias e informes presentados por las Superintendencias de Bancos y Compañías.
Según las investigaciones realizadas, una de las empresas de Santiago R. ofrecía a los inversionistas pagar intereses más altos por sus depósitos.

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