24 de abril de 2018 08:32

Perjudicados en red de criptomonedas no reciben su dinero

La familia Chazo, de la parroquia Pasa  (Ambato), invirtió en este sistema. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

La familia Chazo, de la parroquia Pasa (Ambato), invirtió en este sistema. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Redacción Sierra Centro

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Más de tres meses después de haber denunciado una supuesta estafa, los cerca de 1 500 comerciantes, trabajadores y amas de casa que invirtieron entre USD 100 y 1 000-mensuales-en una plataforma digital aún no han recibido respuestas ni han obtenido su dinero de vuelta.

El 23 de enero último, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) dio a conocer una supuesta estafa masiva del sistema Bit Trader o Banco del Futuro, que prometía ganancias a través de las criptomonedas o bitcoins.

Marlene Cuchiparte entregó USD 3 000 a la asesora Rocío Lojana, quien le había ofrecido una ganancia, a través de esta plataforma, de USD 3 600 en 10 meses. Su cuñada Hilda Chuzin y su amiga Hilda Suárez entregaron USD 2 000 y 1 500, respectivamente.

Cuchiparte recordó que la transacción se realizó en una casa del norte de Latacunga, en julio del 2017. Las ganancias que ella esperaba las iba a usar en una operación de corazón de su esposo, Juan Chuzin. Una de sus válvulas estaba fallando desde el 2014 y los mareos, dolores y sangrados por la nariz se volvieron frecuentes.

Para reponerse de la pérdida del dinero, esta comerciante solicitó préstamos a sus familiares para cancelar los medicamentos.

“Me he comunicado por teléfono con los dirigentes del MICC, pero no tienen respuestas positivas. Estoy preocupada porque no tengo para hacerle atender y para la operación de mi esposo”.

Ella y unos 800 indígenas de las comunidades de Pujilí, Saquisilí, Salcedo y Latacunga también resultaron afectados. Ninguno de ellos ha recibido todo o una parte de lo que invirtieron. Solo en Tungurahua se estima que fueron 200 personas de varios cantones que perdieron hasta USD 3 000 cada uno.

El artesano Leonel Chazo también colocó USD 2 500 en esta moneda virtual y no ha recibido de vuelta ni un centavo. Él sigue trabajando en la elaboración de camisas en un taller, ubicado en la comunidad Guangusig Bajo, perteneciente a la parroquia Pasa, en Ambato. “No creo que recupere mi dinero por esta pésima idea de invertir y ganarlo fácil”.

Este Diario consultó a Leonidas Iza, presidente del MICC, sobre el estado de la devolución del dinero a alguno de los perjudicados, pero no respondió a la inquietud. Lo que sí indicó es que este jueves, 26 de abril, acudirá a una audiencia en Quito por el tema de la retención de dos personas que fueron involucradas, supuestamente, en la red de criptomonedas. “Nos vamos a reunir con los abogados para preparar nuestra defensa ante las autoridades competentes”.

En la Fiscalía de Pichincha se tramita la investigación de dos hombres por estar presuntamente involucrados en esta red de negocio. Ellos fueron retenidos en noviembre del 2017 por integrantes del MICC, según su abogado, Alejandro Cruz.

Los acusados fueron interceptados en Quito y trasladados a una comunidad rural en el noroccidente de Cotopaxi. A finales de enero, Iza reconoció que se trataba de personas que estaban “colaborando con información”, para dar con el paradero de los responsables de la estafa. Para el MICC, ellos y el brasileño André F. (principal líder) eran parte de esta plataforma.

Los familiares rechazaron estas afirmaciones y el hecho de estar vinculados a esta red de cabecillas del negocio virtual. Luego de cuatro meses en cautiverio, un grupo de familiares y abogados dio a ­conocer sobre esta retención e informaron que tres líderes y otros 13 indígenas fueron denunciados ante las autoridades por el supuesto delito de secuestro.

Cruz informó que han preparado la defensa para esta audiencia. “Mis clientes ya están libres y vamos a afrontar la acusación del Fiscal”.

En contexto

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció la presunta estafa en plataformas digitales en enero. Hay perjudicados en nueve ciudades del país, pero según varios involucrados, nadie ha recibido el dinero de vuelta.

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