Blanca Peñafiel es perita de inglés. Ella ha hecho dos traducciones para la Judicatura. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
No tienen oficinas fijas. Los peritos traductores acreditados por el Consejo de la Judicatura (CJ) pueden trabajar desde sus casas o desde cualquier otro lugar. Actualmente hay 75 especialistas en nueve idiomas que tienen el aval de la Judicatura a escala nacional.
Ellos se encargan de traducir documentos en procesos judiciales y también hacen de traductores en juicios donde están involucrados extranjeros.
La mayoría domina el inglés. Blanca Peñafiel es una de ellas. Desde noviembre está calificada oficialmente como perito y ya ha sido solicitada para que realice dos traducciones.
En la primera ocasión tradujo 14 hojas que Ecuador envió a Estados Unidos para requerir la captura de un fugitivo que se encontraba en ese país.
En el segundo peritaje tradujo cuatro páginas que EE.UU. envió al Ecuador a través de una asistencia penal internacional.
En los dos casos, la Judicatura le dio cinco días para que presente las traducciones. Entre las disposiciones que la entidad le indicó estaban, por ejemplo, que no podía hablar de los casos ni tampoco podía emitir interpretaciones en los peritajes. “Mi labor es solo traducir y si tengo alguna inquietud lo notifico y se soluciona”.
Ella es maestra de inglés desde hace 15 años. Tiene título de cuarto nivel y cuenta con certificaciones de la Senescyt.Estos son los requisitos para que los peritos sean acreditados por la Judicatura. Esa entidad es quien gestiona su presencia en juicios laborales, familiares, civiles y penales, con foráneos de por medio. En estas dos últimas materias el uso de peritos traductores es frecuente. Por eso, para el Colegio de Abogados de Pichincha es indispensable que la Judicatura cuente con los profesionales necesarios para los juicios.
Yolanda Yupangui, vicepresidenta del organismo, advierte que la Judicatura ha fallado los últimos meses con este tipo de peritajes. Especialmente el pasado 9 de febrero. Ese día se conoció de un documento en el cual la Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía le dice al fiscal Wilson Toainga, investigador del caso Odebrecht, que por falta de peritos acreditados para la traducción del portugués al español en la Judicatura, le devuelve 26 fojas remitidas por el Ministerio Público Federal de Paraná (Brasil).
El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, también se pronunció en ese caso y dijo que “solamente en el 2016 hemos obtenido ocho peritos traductores en lengua portuguesa”. Pero desde el 2017, en la lista de peritos no existen especialistas en este idioma. Una de las razones es que caducaron las acreditaciones. Así lo informó el jueves pasado la misma Judicatura. Este Diario preguntó si existe déficit de peritos traductores y la entidad respondió lo siguiente: “Sí nos hacen falta peritos traductores evidentemente, pero no podemos garantizar peritos de todos los idiomas, es muy difícil”.
¿Qué pasa cuando faltan especialistas avalados? Generalmente, las autoridades recurren a buscar traductores en embajadas, consulados, instituciones públicas y privadas.
De hecho, el año pasado se pidió ayuda a estas entidades en 24 ocasiones. Según la Judicatura, encontrar peritos en esas instituciones tarda máximo 48 horas. El Colegio de Abogados de Pichincha dice que los plazos son más largos y advierte que eso provoca demoras en los juicios.
Dussan Draskovic es el cónsul de Serbia en Ecuador. Él es el único perito calificado en serbio. Desde hace dos años está acreditado por la Judicatura y dice que ha realizado unos 12 peritajes. Los dos últimos se referían a dos personas serbias detenidas en Esmeraldas. Por skype asistió a las audiencias de juzgamiento.
Através de esa herramienta electrónica les explicaba a los extranjeros sus derechos, los delitos por los cuales se los acusaba y cuánto tiempo irían a la cárcel. “Los dos fueron condenados a 13 años”, dice.
También ha participado de casos de narcotráfico. El último que recuerda fue el de un serbio que traía droga en su estómago. También acudió a la audiencia.
Nancy Mora es otra perita en inglés, francés e italiano. Desde hace más de dos años y medio asiste a las diligencias. Se sienta al lado de los acusados y les traduce lo que los jueces piden.
Ella les hace las preguntas y al mismo tiempo traduce las respuestas.Pero además ha tenido que traducir expedientes voluminosos. Uno de esos fue sobre el escándalo de sobornos de la FIFA. Eran 380 hojas que debía traducir en un mes. Trabajaba en su departamento desde las 06:00 hasta las 24:00.
Hasta el 23 de mayo del 2016, los peritos realizaban trabajos solicitados solo por la Judicatura. Ese día entró en vigencia el Código General de Procesos.
La normativa que trata, entre otras cosas, temas familiares, civiles y laborales dio la facultad para que cualquier persona contrate a los peritos. Es por eso que la entidad fijó remuneraciones a los especialistas.Por ejemplo, la tabla de honorarios establece que se pagará USD 0,05 por cada palabra traducida. Ese valor aumenta a partir de las 300 palabras.
Desde ese número se paga el 4% de un salario básico por cada página. Es decir unos USD 15. En tanto, si los especialistas van a las audiencias se fija una tarifa de USD 10% del salario por hora.Estos costos serían otro aspecto del porqué esta tarea no atrae a profesionales para acreditarse. Así lo señalaron cuatro peritos a los que consultó este Diario. La Judicatura dice que son valores calculados técnicamente.