El 25 de julio del 2017, la Policía allanó la vivienda del perito José. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Más de 20 testigos fueron convocados a la audiencia de juzgamiento, que se inició a las 08:30 del lunes 14 de mayo del 2018 en el Complejo Judicial Norte de Quito, en contra del perito de la Policía José F., inculpado por presunto fraude procesal.
El perito era el encargado de transcribir uno de los audios proporcionados por José Conceição Santos, respecto a la trama de corrupción de la empresa Odebrecht en Ecuador, pero en su pericia supuestamente escribió la palabra Lasso en vez de Glas.
Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó la explicación de las experticias técnicas que se realizaron en la etapa de investigación.
Leonidas Iza fue el perito al que se le dispuso transcribir el mismo audio. Él señaló que los archivos que se encontraban en el pendrive eran óptimos y que su calidad era buena para ser transcrita.
El fiscal Cristian Fierro consultó al perito Iza si en alguna parte del audio escuchó la palabra Lasso y este respondió que no.
Así también Fabián Hurtado, experto en electrónica, indicó que realizó varias pruebas técnicas sobre los audífonos que usó el procesado para escuchar el audio y determinó que aunque existía un desperfecto en ellos, el audio se podía escuchar con claridad.
Antes del mediodía intervino el teniente Diego Rodríguez, quien realizó la evaluación poligráfica al perito José F., basada en tres parámetros: beneficios ilícitos, participación en actos ilícitos y entrega de información sensible a personas no autorizadas.
En esta evaluación que duró alrededor de tres horas, el perito policial falló en la respuesta que dio ante las preguntas planteadas sobre entrega de información sensible, según lo explicó el experto.
La audiencia fue suspendida cerca de las 12:30 y continuará a lo largo de la tarde.
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por los jueces Silvana Velasco, Mercedes Tapia y Edmundo Samaniego deberá determinar la inocencia o culpabilidad del procesado y la sanción que recibirá.
El delito de fraude procesal es sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años.