17 de October de 2014 21:41

Reporteros mexicanos a fuego cruzado

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Arturo Torres. Editor

En México, los periodistas que cubren el narcotráfico están en medio de un fuego cruzado, entre la delincuencia organizada y elementos de la fuerza pública y el poder político, aliados, en más de una ocasión, con el narcotráfico.

La cobertura de esos casos cobra dimensiones insospechadas no solo por los ataques del crimen sino por las restricciones impuestas por el Gobierno central desde el 2009.

El papel de la prensa es relevante en medio del escándalo mundial desatado por los crímenes ocurridos el 26 de septiembre pasado. Ese día policías de la ciudad de Iguala atacaron tres autobuses de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. El saldo, hasta ahora, es de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Las autoridades sospechan que los jóvenes fueron entregados al cartel de los Beltrán Leyva.

Durante la búsqueda se localizaron 19 fosas clandestinas con decenas de cadáveres, lo que ha provocado indignación y estupor, no solo en México sino a escala global. La última década fueron asesinados 80 periodistas y 17 desaparecieron por su cobertura del crimen organizado, según un informe de Reporteros Sin Fronteras.

Periodistas y estudiantes universitarios protestaron, en febrero pasado en México, por el asesinato del reportero Gregorio Jiménez. Foto: Alfredo Estrella/ AFP.

Periodistas y estudiantes universitarios protestaron, en febrero pasado en México, por el asesinato del reportero Gregorio Jiménez. Foto: Alfredo Estrella/ AFP.

Los riesgos del oficio los viven en carne propia Adela Navarro, editora en jefe del semanario Zeta, de Tijuana, e Ismael Bojórquez, de la revista Río Doce, de Culiacán. El lunes pasado, ellos fueron parte del panel que cerró la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación organizada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), realizada en la capital mexicana.

Ambos coinciden en que sus medios realizan una cobertura pormenorizada del narcotráfico, como un compromiso por mantener a la comunidad informada, más allá de las restricciones que el Gobierno impuso. “Sin embargo -acota Navarro- la información es como el agua: si se la trata de contener siempre encuentra una grieta para abrirse camino”.

Con la llegada al poder, en diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto trató de bajar el perfil al problema del narcotráfico, subraya Bojórquez, y agrega: “Es por eso que el fenómeno de la inseguridad y del control de algunos estados mexicanos por las mafias no ha sido enfrentado con eficacia”.
Si bien el Gobierno ha capturado a grandes capos con el apoyo de EE.UU., el remedio parece ser peor que la enfermedad. Cuando un gran capo es apresado, tras de él surgen cinco más que quieren sucederlo y asumir el mando, tomar control de más territorio, destaca Navarro, quien trabaja hace 25 años en Zeta. “Son golpes de efecto, pero no se desmantelan las estructuras económicas. Tampoco hay incautaciones de los bienes ni se cierran las rutas de transporte”.

Tanto Zeta como Río Doce han sufrido atentados. En el 2004 el periodista Francisco Ortiz, de Zeta, fue acribillado en presencia de sus dos hijos. El de Ortiz era el tercer atentado que sufría el personal de ese semanario; el primero fue contra uno de sus codirectores, Héctor Félix, quien fue asesinado en 1988. El otro atentado ocurrió en noviembre de 1997 contra el codirector Jesús Blancornelas, quien en medio de una lluvia de balas salvó la vida, pero años más tarde falleció por las secuelas de las heridas.

En agosto del 2008 delincuentes enmascarados lanzaron una granada a la revista Río Doce, que provocó daños en las instalaciones pero no dejó víctimas. Su editor reconoce que fue un momento muy tenso, pero no interfirió en su decisión editorial de seguir investigando al narcotráfico.

“En una de nuestras reporterías investigamos el apoyo del cartel de Sinaloa a un candidato”. Las entidades oficiales no les proporcionaron informes sobre el personaje, pero suplieron ese vacío con trabajo de campo en las zonas donde la organización criminal tiene influencia y poder.

Navarro y Bojórquez concuerdan en que para los periodistas es menos complicado obtener datos en las cortes y entidades antidrogas de Estados Unidos que en México.

“Las alertas de que están interferidas nuestras comunicaciones y de que hay órdenes para ejecutarnos nos han llegado, en más de una ocasión, desde EE.UU.”, recalca Navarro.

Punto de vista

Jaime del Arenal Fenochio. Embajador de México en Ecuador.

El Gobierno de México condena los lamentables hechos ocurridos a raíz de la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre. Se trata de actos de violencia indignantes, dolorosos, inaceptables y que no merece nuestro país. El Gabinete de Seguridad participa en el proceso para el esclarecimiento. El Gobierno Federal envió personal del Ejército, Policía Federal y Gendarmería al municipio de Iguala para retomar el control de la zona. Asimismo, la Procuraduría General formó un equipo especial para coadyuvar en las investigaciones. 24 personas fueron detenidas y son investigadas. También, 117 policías de Iguala son sometidos a exámenes de confianza y todas las armas de la Policía Municipal han sido incautadas para someterlas a pruebas de balística. A escala nacional el Gobierno Federal ha diseñado una estrategia integral de seguridad para fortalecer el estado de derecho y reducir la violencia. Los resultados: el índice de homicidios cayó 15%, el secuestro 9%, la extorsión 22% y el robo 10%.

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