10 de April de 2015 21:05

Pensiones jubilares subirán solo de acuerdo a la inflación

Plantón de los empleados de Movistar y de los jubilados en los exteriores de la Asamblea Nacional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Plantón de los empleados de Movistar y de los jubilados en los exteriores de la Asamblea Nacional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Mónica Orozco

El informe para el segundo debate de las reformas a la seguridad social plantea que las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no suban anualmente más allá de la inflación (hoy entre 3 y 4%).

Actualmente, la ley obliga al IESS a subir las jubilaciones entre el 4,31 y 16,16%.

Así se busca paliar la eliminación del 40% de aporte estatal que debe entregar el Estado a la entidad para pago de pensiones, que establece la misma reforma legal.

Édison Lima, del Frente de Defensa de Jubilados, rechazó la reforma y lamentó que se haya incluido el cambio al incremento de pensiones, que lesiona los derechos adquiridos.

La eliminación del aporte estatal generó rechazo y preocupación entre jubilados, para quienes el cambio pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Un informe actuarial del IESS de agosto pasado (aún no auditado) advierte que “en las condiciones actuales y sin el aporte del 40% del Estado, solo habrían recursos para pagar las pensiones los próximos 12 años” y el déficit actuarial (falta de recursos) esperado del Fondo de Pensiones hasta el 2053 bordearía los USD 70 000 millones, agrega el informe.

Como medidas compensatorias, el informe planteaba, además de cambiar el mecanismo de incremento de pensiones, subir el monto de aporte y bajar el monto de jubilación (cambiando la base de cálculo de la pensión, de 5 a 15 años).

Pero el titular del Directorio del IESS, Richard Espinosa, anunció ayer que no se subirá el monto de aportación y que se pagarán completas las pensiones. “Más que eliminar vamos a sustituir el aporte por una garantía del Estado de pagar lo que realmente necesite el IESS”.

El catedrático y actuario Rodrigo Ibarra señaló el martes en Ecuadoradio que en el 2026 comenzaría a existir un déficit de caja sin el aporte estatal. Esto, dijo, llevaría a consumir las reservas del IESS, las cuales alcazarán hoy para el pago de las pensiones vigentes durante tres años. El aporte estatal permite ampliar la vida del fondo hasta el 2042.
Según Espinosa, otros estudios recientes, que analizan el impacto de la reforma, señalan que por “23 o 25 años no se necesitaría ese aporte estatal”.

Aporte estatal, cuando haga falta

Hoy, el Artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, que obliga al Estado a cubrir con el 40% del valor de las pensiones y al IESS con el 60% restante, una obligación que el Gobierno ha venido pagando los últimos años. Si un jubilado recibe hoy, por ejemplo, una pensión de USD 1 000, el Fisco paga 400 y los 600 restantes el IESS.

Pero el presidente Rafael Correa ha calificado como ‘absurda’ a esta obligación, la cual busca cambiar mediante una reforma que hoy discute la Asamblea.

El informe para segundo debate suprime el porcentaje y establece de manera general que el Estado reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, independientemente de su situación laboral.

Además señala que el “Estado garantizará el pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social solo cuando el IESS no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago”, incluso sobre otros gastos.

Ajustes a las brechas salariales

El proyecto plantea que la remuneración máxima de los gerentes generales o altos directivos no podrá superar el monto que resulte de multiplicar la remuneración más baja en la empresa por un valor que determine el Ministerio de Trabajo, en función de varios parámetros como sector económico, ingresos de la empresa, número de trabajadores, nivel de productividad y otros.

El sector empresarial cuestionó este punto porque limita la contratación de personal altamente capacitado. Según la Ley de Régimen Tributario, las remuneraciones son deducibles del Impuesto a la Renta.

En el informe final, la Comisión de la Asamblea realizó una aclaración, señalando que en el tema de deducciones del Impuesto a la Renta, las deducciones de las remuneraciones deberán observar los límites de remuneraciones establecidos por el Ministerio de Trabajo.

Es decir, se podrá deducir hasta el techo que defina la autoridad, pero no el excedente.

Amas de casa tendrán pensión

El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social fija la afiliación del ama de casa para recibir únicamente una pensión jubilar, es decir, no tendrán derecho a la atención médica en el IESS ni otros beneficios.

El aporte del ama de casa necesario para cubrir este beneficio será pagado por la unidad familiar y con subsidio estatal, aunque no establece en qué porcentaje aportará el Estado.

El aporte y la pensión dependerán del monto de aporte del ama de casa, que se fijará de acuerdo a los ingresos de la unidad familiar, a mayores ingresos menos será el aporte del Estado.
El Gobierno ha adelantado que el aporte para este beneficio será del 13,25%, aunque este tema deberá ser definido por el IESS.

Inicialmente se proponía en el proyecto el cobro de multas e intereses y responsabilidad patronal para las amas de casa, pero las excluyó. Para acceder a la pensión el ama de casa deberá cumplir 20 años de aportes y 65 años de edad.

Tope utilidades de trabajadores

El proyecto plantea que las utilidades distribuidas a los trabajadores no podrán exceder de 24 salarios básicos. Y si el monto supera ese valor, que para este año es USD 8 496, el excedente será entregado al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social.

Empleados privados, básicamente de las empresas celulares, rechazaron este artículo, pero el artículo se mantuvo en el informe final.

El proyecto plantea la unificación de utilidades cuando las empresas pertenecen a un mismo grupo económico y comparten procesos productivos dentro de una misma cadena de valor. El informe para segundo debate aclara que cadena de valor es “el proceso económico que inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado”. Y para evitar excesos, “la autoridad administrativa de trabajo determinará los parámetros para la unificación de empresas que establezca el Ministerio rector del trabajo.”

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