Redacción Judicial
El último remezón que experimentó la Policía lo ocasionó un rumor que salió del Alto Mando. En mayo se dijo que el Gobierno iba a eliminar la cesantía de los gendarmes retirados para cubrir un déficit financiero.
En menos de dos meses, la existencia de una brecha presupuestaria pasó del rumor a los hechos. El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) ahora exige a los pensionistas que devuelvan un porcentaje de su ingreso mensual para cubrir el déficit.
2169 policías
es la cifra de gendarmes que tiene que devolver el dinero extra de sus pensiones.
El 16 de junio, el Isspol pidió a los afiliados que se acerquen a la institución para fijar el monto de devolución, el porcentaje y el plazo que tendrían para cancelar los valores que se pagaron en exceso. Si no acuden en 30 días, dice la circular, “el Isspol, de oficio, procederá a realizar los descuentos en el equivalente al 20% de sus pensiones”.
El tema cobró fuerza el mes pasado. Incluso el general Jorge Pabón, entonces director de Personal de la Policía, instó a sus compañeros “a no dejar que sus derechos sean menoscabados”. Las declaraciones molestaron al presidente de la República, Rafael Correa, quien aseveró que Pabón actuó como un “sindicalista mediocre”.
En esos días, el Primer Mandatario dispuso el cambio del Alto Mando policial y dio de baja a 10 generales. En la lista de remoción estaba el general Pabón.
Freddy Martínez fue nombrado Comandante General y él, tras reunirse con Correa, confirmó que no se tocarían los recursos de los gendarmes que salgan de la Policía. “La institución no ocultará nada y no permitirá que se den más rumores. Si tienen una duda acudan a la fuente, es decir, a su Comandante”, dijo firmemente a los uniformados.
Pero según Jacinto Pacheco, presidente de la Asociación de Clases, Policías y Montepíos de Pichincha, no se les puede retener parte de sus pensiones. “Esto es ilegal, pues viola el artículo 321 de la Constitución”.
La norma reza: “Las prestaciones de dinero en seguridad social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo en los casos de alimentos”.
“Nos dijeron que las administraciones anteriores pagaron más de la cuenta a los policías en servicio pasivo y que tenemos que devolver ese dinero, para cubrir el hueco que quedó”.
El Comandante General de Policía justifica la medida. Dice que el cobro es un pedido de la Superintendencia de Bancos y Seguros. El organismo de control hizo una auditoría en diciembre de 2007 a la homologación de pensiones y determinó que no hubo un estudio técnico para establecer los montos que debían entregarse a los policías que se retiraban. Además, dijo que cuando se hizo el cambio del sistema monetario de sucres a dólares no hubo un estudio actuarial.
El perjuicio para el Isspol, según la Superintendencia de Bancos, es de cerca de USD 6,7 millones.
EL COMERCIO tuvo acceso a este documento. El numeral 4.2.16 establece: “Dispondrá (el Isspol) la adopción de las medidas necesarias tendientes a lograr la recuperación de ese dinero, producto de la diferencia existente entre el valor de las pensiones en curso y el monto al que, según el estudio actuarial, deben ajustarse las pensiones”.
Para ello, el informe determina que se deben implementar las acciones que menos afecten a las pensiones, ya sea a través de varios descuentos o en el pago de los décimos tercero y cuarto de cada año.
“Las administraciones anteriores aprovecharon la situación para dar pensiones con dedicatoria”, sostiene una fuente policial que pidió la reserva. “Hubo generales y oficiales que se retiraron con el 100% de las pensiones. Por eso muchos optaron por pasar al servicio pasivo, pues decían que si van a ganar lo mismo que siendo activos no iban a desaprovechar la oportunidad”.
2169 policías en servicio pasivo deben devolver parte de sus pensiones, pero el grupo afectado sostiene que no piensa reembolsar el dinero. Para limar asperezas, el general Freddy Martínez los invitó a dialogar en el Rancho San Vicente, en el norte Quito. La cita fue el martes, a puerta cerrada, un día antes de la ceremonia de condecoración a los policías que cumplieron 50 años en la institución, en Pusuquí.
En la ceremonia, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, dijo que los policías en servicio pasivo son un “ejemplo para las generaciones venideras”. Martínez agradeció, en nombre de la institución, el trabajo que realizaron. “Su criterio es muy importante para el desarrollo de la institución”, dijo.
En la reunión del Rancho San Vicente no hubo acuerdo. “No podemos pelearnos entre compañeros”, aclaró Martínez, en la cita que se desarrolló de 08:00 a 13:00. Al final, y ante la ausencia de consensos, se decidió conformar una comisión de 14 policías -siete en servicio pasivo y siete activos- para encontrar una solución al problema financiero. No se puso un plazo para el trabajo del grupo, pero esperan resultados lo más pronto posible.
Pero la Asociación de Clases, Policías y Montepíos de Pichincha no tiene puestas sus esperanzas en esa comisión.
Algunos de los pensionistas afectados acudieron al acto de conmemoración de sus compañeros que cumplieron 50 años. Observaron desde la tribuna cómo el ministro Jalkh y el comandante Martínez colgaron en el cuello de su ex colegas una medalla de reconocimiento. Los generales retirados inclinaron sus cabezas para recibirlas en medio de los redobles de tambores, en la Escuela Superior de Policía Jorge Enríquez Gallo, en Pusuquí.