En el país poco se conoce de Patrick M., un extranjero investigado en EE.UU. por organizar presuntas excursiones a Ecuador con fines sexuales con niñas de entre 13 y 14 años.
Desde agosto, la Policía norteamericana le seguía la pista. Siete meses después fue capturado en la Florida. En noviembre iniciará el juicio en su contra por “conductas sexuales ilícitas”.
Medios de ese país dan cuenta que agentes encubiertos detectaron una página en la que Patrick M. ofrecía supuestos ‘tours’ con alojamiento, comida y sexo con menores de San José de Minas, una parroquia rural de Quito, a cambio de USD
1 300.
Un estudio sobre la trata de personas en Ecuador desarrollado en el 2012 por las Naciones Unidas ya advertía que la “mayoría de casos en el país estaban relacionados con la explotación de niños y adolescentes en modalidades de explotación sexual y laboral”.
En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hay cinco delitos que castigan la explotación de carácter sexual de menores. Por ejemplo, el turismo -como el que supuestamente ofrecía el extranjero- es penado desde 10 a 13 años de cárcel.
Esas sanciones ahora son más severas. El turismo sexual, con la anterior legislación, recibía sentencias de entre 9 y 12 años.
La Ecpat Internacional, una red de organizaciones que trabajan por eliminar la pornografía infantil, señala a Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México, Honduras, Guatemala y República Dominicana como los países del continente donde ha crecido el turismo sexual.
Esa ONG detectó a un hombre que utilizaba una agencia de viajes para facilitar la llegada de extranjeros a Perú y pactar encuentros sexuales con niños y adolescentes.
Las investigaciones refieren que el sospechoso captaba a los menores a través de la Red y les ofrecía “grandes cantidades de dinero” a cambio de fotografías de ellos desnudos. “Luego utilizaba las imágenes para extorsionarlos y forzarlos a mantener relaciones sexuales con turistas que llegaban a Lima”, precisa el estudio de Ecpat.
Según el organismo, Perú es uno de los destinos emergentes para el turismo sexual infantil.
Pero este no es el único ‘delito nuevo’ que involucra a menores. En mayo pasado, Naciones Unidas presentó un documento en el que advierten que con la expansión de dispositivos con acceso a Internet han aparecido modalidades delictivas antes inexistentes.
Una de ellas es la pornografía infantil “a la carta”. “Pedófilos determinan a los grupos criminales la edad, raza, sexo de los niños o el contenido de las imágenes que desean ver”.
En el Ecuador, el año pasado, la Fiscalía de Pichincha conoció el caso de un presunto intento de violación contra un menor. El joven había conocido a un hombre a través de la Red y durante seis meses mantuvo charlas periódicas con él. Se citaron en un parque de Quito y luego el sospechoso habría intentado abusar del muchacho.
La Policía de EE.UU. señala que Patrick M. usaba la Internet para difundir los supuestos anuncios de tours sexuales a Ecuador. El artículo 174 de la nueva legislación penal ahora castiga hasta con 10 años de prisión a quienes oferten servicios sexuales de menores en medios electrónicos.
Los delitos en el COIP
Art. 103. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, informáticos o electrónicos en los que contengan desnudos de niños o jóvenes será sancionada con 13 y 16 años de cárcel. En la anterior ley, este delito era sancionado con reclusión de 6 y 9 años.
Art. 100. De 16 a 19 años es la pena que recibe una persona por el delito de explotación sexual de niños y adolescentes. En el Código Penal que fue derogado se castigaba estos casos con prisión de 8 y 12 años. La sanción más dura era para quienes explotaban a menores.
Art. 173. El contacto con niños a través de medios electrónicos para mantener relaciones de carácter sexual ahora se pena con uno a tres años de reclusión. En cambio, la oferta de servicios sexuales de menores a través de la Red se sanciona con 7 y 10 años. Es el artículo 174.
En contexto
La ONU, en su último informe, dice que la expansión de dispositivos móviles con acceso a Internet ha contribuido al surgimiento de “nuevos delitos” relacionados con la explotación sexual de niños y adolescentes. Los países en desarrollo son los más vulnerables.
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