17 de noviembre del 2016 00:00

273 pedidos de prisión enviados a la Interpol aún no se ejecutan

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Fernando Medina
Redactor (I)
fmedina@elcomercio.com

Era la noche del 3 de noviembre. Dos fotografías del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli aparecían en la página oficial de la Interpol (Policía Internacional). En la ficha se indicaba que es buscado por cohecho, un delito que investiga la Fiscalía ecuatoriana por el entramado de corrupción dentro de la estatal Petroecuador.

12 días antes, los ministros del Interior, José Serrano, y de Justicia, Ledy Zúñiga, se presentaron públicamente a las 19:00 de un domingo y dijeron que ocho personas involucradas en este caso tienen difusión roja. Es decir, una orden para que las policías de todo el mundo los rastreen.

“Lo que queremos es traer a estas personas y que respondan por sus actos. Con estas difusiones, las policías de todo el mundo los buscarán”, señalaba Serrano ante periodistas.

¿Pero la tarea de la Interpol da resultados? ¿Su operación es ágil? Mientras en Ecuador se conocían más detalles de la indagación sobre la estatal petrolera, en Indonesia se desarrollaba la 85ªAsamblea General de la Interpol.

En esa reu­nión (del 7 al 10 de noviembre), el viceministro del Interior, Diego Fuentes, reconoció que “en muchas ocasiones”, los banqueros, políticos y funcionarios públicos disfrutan de los capitales “obtenidos de manera ilícita”, pese a tener difusiones rojas o boletas internacionales de captura que “no se ejecutan o formalizan”. Por eso, en la cita se planteó “construir marcos legales y operacionales para el intercambio de información”.

En la página oficial de la Interpol aparecen 79 personas que Ecuador reclama por delitos, como tráfico de drogas, asesinato, homicidio, agresiones sexuales, lavado de activos, etc. Pero las autoridades dicen que, en total, son 273 las personas buscadas.
Los cinco casos más antiguos fueron registrados entre el 2002 y el 2006, y todos están relacionados con peculado.

¿Por qué no se los detiene pese a estar incluidos tanto tiempo en la lista con difusión roja?

Ecuador aseguró en Indonesia que se necesita más apoyo de las policías de todo el mundo para hallar a los fugitivos. Pero la consultora internacional en materia de lavado de activos, Paulina Araujo, advierte que la Interpol no es responsable de que no se detenga a los sospechosos en los países de origen, como Ecuador.

Precisamente eso ocurrió en el caso de Petroecuador. La Policía confirmó que ocho personas salieron del país antes de que se las vinculara con la investigación por cohecho.

La Interpol tiene asociadas a 190 naciones y opera desde 1923, cuando era la Comisión Internacional de Policía Criminal. Ese organismo no tiene una estructura específica para investigar y detener a los fugitivos en cada nación.

Cuando se presenta un caso internacional, quienes indagan son los agentes locales, que también tienen a su cargo otros expedientes nacionales.

La Interpol Ecuador depende de la Policía Judicial. Agentes de esta dependencia que hablaron con este Diario aseguran que quienes hacen parte de la Policía Internacional son capacitados por el organismo internacional. Pero aclaran que su tarea no es montar operativos de búsqueda específicos, sino estar atentos en la detección de los sospechosos.

Para ello operan, por ejemplo, en aeropuertos. Allí, las oficinas de Migración tienen los datos de los prófugos y para el cotejamiento de las identidades usan desde huellas dactilares hasta el grupo sanguíneo.

En la página oficial de la Interpol-Quito se dice que otra tarea es recopilar documentos e información policial y enviar el material al resto de oficinas. Precisamente este punto pide Ecuador que se fortalezca a escala mundial.

Edwin Merlo, catedrático universitario y coronel en servicio pasivo, advierte que el trabajo de la Policía Internacional sí es eficaz. De hecho, en los últimos 10 años 250 personas pedidas desde Quito e involucradas en el crimen organizado han sido arrestadas en otras naciones.

Sin embargo, las mayores complicaciones tienen que ver con los casos que involucran a políticos. Eso lo admite el Gobierno de Ecuador.

En junio del 2014, la Interpol retiró el nombre del expresidente Jamil Mahuad de la lista de difusión roja en la que había sido incluida un mes antes.

“La Interpol, desde el 2000, ha sostenido que el caso es predominantemente político basado en que el presidente Mahuad firmó un Decreto por el cual congeló los depósitos, una decisión de política económica”, señaló el exjefe de Estado, en una misiva de entonces.

En tanto, en agosto del 2010, la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó las órdenes de prisión por el caso Filanbanco y dispuso se oficie a las autoridades policiales nacionales y de Interpol, para la localización y aprehensión” de los 13 sindicados.

Entre ellos estaban los hermanos Roberto y William Isaías. El abogado de ambos dijo que sus clientes ya no tienen orden internacional de captura. Es más, el 16 de junio pasado, el Comité de la ONU vio violaciones de derechos tras las incautaciones a los dos hermanos, aunque el Gobierno negó públicamente aquello.

En contexto

En Ecuador han sido detenidas personas requeridas por otras naciones y que han estado involucradas en tráfico de drogas, venta ilegal de armas, terrorismo, asesinato y cabecillas de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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