21 de septiembre de 2017 14:42

32 pedidos de cambio de orden del día de la oposición, negados

Ximena Peña, coordinadora oficialista,  habla con Byron Valle, el jueves pasado. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

Ximena Peña, coordinadora oficialista, habla con Byron Valle, el jueves 14 de septiembre de 2017. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

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Mario Alexis González
Redactor
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La oposición sigue un libreto para arremeter contra el oficialismo, cuando las cámaras de los medios están encendidas, cada vez que se instala una sesión del Pleno en la Asamblea.

En diferentes momentos, Fernando Callejas (Creo), María Mercedes Cuesta (FE), Raúl Tello (MUP), Lourdes Cuesta (Creo) y César Rohón (PSC), entre otros, se han turnado para invocar un cambio en la agenda del día.


Los legisladores saben qué temas son los que enfrentan, internamente, al movimiento Alianza País (AP). Y son precisamente los que se intentan incluir en el debate: el diálogo nacional del Presidente, la consulta popular, Yachay, la cámara instalada en el despacho de Lenín Moreno, sin su conocimiento.

Tan pronto como trasciende una pugna en Alianza País, la oposición se activa. Antes de que comience cada sesión, los proponentes recorren -con esfero en mano- las oficinas de sus colegas y los abordan en los corredores del Palacio Legislativo para conseguir las firmas necesarias (siete) e iniciar el trámite en la Secretaría.

El tiempo juega a su favor. Un pedido de cambio de orden del día puede presentarse hasta 10 minutos antes de que se instale la sesión del Pleno.

Luego, cuando el contenido de la resolución se lee ante todos los legisladores, y se acerca la hora de la votación, el oficialismo es el que se activa. Ximena Peña, coordinadora ‘verdeflex’, recorre, una a una, las curules de sus compañeros. Ella es la portavoz del bloque.

“En contra”, se le escucha decir, a lo lejos, desde las barras del Legislativo, cuando se trata una iniciativa de la oposición. “No vamos a permitir el show”, justifica Peña.

Pero César Rohón le responde. Un parlamento está para parlamentar, es decir, para hablar, señala. “Y lo que ha hecho el oficialismo al bloquear los cambios del día es atentar contra la función de los asambleístas”.

Alianza País -prosigue Rohón- no ha permitido que se avance en la fiscalización; por ejemplo, permitiendo la comparecencia de funcionarios del anterior Gobierno que han sido señalados. La oposición intentó que René Ramírez dé una explicación por las irregularidades identificadas en Yachay, pero no lo logró.

En lo que va del actual período se han hecho 46 pedidos de cambios de orden del día, según el registro de la Asamblea. 32 de la oposición fueron negados y siete aprobados. Estos últimos no tuvieron que ver con la coyuntura política. Uno fue para condenar el incremento de la violencia contra las mujeres, con lo que todos estuvieron de acuerdo.

En el plano internacional, Fernando Burbano (Creo) propuso una resolución para analizar el caso de ensayos nucleares por parte de Corea del Norte. 44 oficialistas lo negaron y 24 se abstuvieron. En ese momento, la oficialista Doris Soliz (AP) dijo, que la negativa era porque la solicitud tenía un “sesgo ideológico”.

El oficialismo también ha acudido a esa figura en siete ocasiones; aunque en su caso todos los pedidos han sido aprobados.

Peña explica que detrás de cada decisión hay “conversaciones políticas”. Los legisladores hacen una evaluación sobre “qué temas están en condición de apoyar y cuáles no”.

Ella y Daniel Mendoza, coordinador de los aliados-AP, dialogan con los presidentes de las comisiones. Y cuando es un tema particular, de una provincia, con los asambleístas de cada circunscripción.

La decisión final la toma el presidente José Serrano, según Peña. “El bloque le hace una recomendación y él es el que finalmente decide”. Este Diario pidió la versión de Serrano, el 12 de septiembre, pero hasta ayer, 20 de septiembre de 2017, no hubo respuesta.

Fernando Callejas (Creo) asegura que seguirá haciendo los pedidos que sean necesarios en cada Pleno, hasta que sean escuchados y se puedan debatir de forma abierta.

Rohón, por su lado, propone sumar recursos para tratar de tener más presencia en la Asamblea, considerando que la oposición no cuenta con una mayoría legislativa.

Él propone que los temas sean presentados como proyectos de ley, para prevenir o sancionar casos de corrupción o cualquier otro de la coyuntura política. Y, además, “se podría pensar en plantear demandas de inconstitucionalidad por las decisiones de la mayoría oficialista”.

Alianza País públicamente ha señalado que seguirá votando en contra de las iniciativas de la oposición. Aunque en sus filas también hay quienes piensan diferente, como Jorge Yunda.

Él considera que las votaciones, no solo en los cambios del orden del día, sino en todo el trabajo legislativo, deben realizarse “por conciencia” y no siguiendo un solo guión.

Yunda ha votado tres veces, en sesiones del Pleno, sin alinearse a las disposiciones que han llegado desde su bloque.

El 5 de septiembre pasado, su voto y el de otros cinco legisladores, hizo que la mayoría de AP se rompiera por breves momentos y que no se pueda designar, en un primer intento, a los representantes del Legislativo para la Comisión que llevará a cabo el concurso de renovación parcial del CNE.

La votación se repitió y se designó a dos militantes de Alianza País para esa tarea. Yunda reconoció que recibió una llamada de Serrano, quien ese día faltó al Pleno, para convencerlo de que en la reconsideración cambie la abstención por un voto afirmativo.

El 19 de mayo pasado, en cambio, Yunda se abstuvo de votar por una resolución para criticar la invitación a Nicolás Maduro para la posesión del presidente Moreno.

Estas actuaciones al margen de AP ya tuvieron un efecto. Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva, confirmó ayer que se analiza abrir un proceso disciplinario en contra de Yunda. Ante el escenario de su expulsión, él adelantó que preferiría renunciar y no ser independiente u opositor.

En contexto 

Ante la falta de una mayoría en la Asamblea, legisladores de la oposición han optado por utilizar los cambios del orden del día para hacer pública su agenda en los medios, desde mayo.

 

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