26 de June de 2009 00:00

Pedido de nulidad a contrato de Correa genera polémica

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Redacción Política

La petición del secretario de Transparencia, Alfredo Vera, de que se declare la terminación anticipada de los contratos entre las empresas de Fabricio Correa y varias entidades estatales no sería aplicable.

Dos juristas consideran que antes de que las empresas contratantes accedan a la petición del alto funcionario gubernamental, es necesario que la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado presenten informes técnicos, legales y financieros de esos contratos.

Según Vera, el pedido de que los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda,  Petroproducción e Hidrolitoral, terminen los contratos  lo hizo luego de una consulta al asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Su argumento es que el artículo 64 de la Ley de Contratación Pública dispone que “si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda reconocer indemnización alguna al contratista”.

El ex procurador Gustavo Medina discrepa de Vera. Su argumento es que primero debe mediar un pedido de la Procuraduría o de la Contraloría General.

El jurista considera que esos informes deben establecer si el contratante incurrió o no en una de las causales establecidas en la Ley de Contratación Pública o en los contratos, que son de observación obligatoria para las partes.

No obstante, la entidad de control de los recursos públicos aún  no tiene un pronunciamiento. La semana anterior dispuso que la regionales realicen las auditorías correspondientes y que los informes preliminares estarían para mediados de julio. Así lo dijo el contralor, Carlos Pólit.

La anulación de los contratos tampoco se pudiera producir de inmediato. La razón es que  únicamente la Función Judicial, a través de un juez competente, está facultada para tomar la decisión.

El jurista Ernesto López recuerda que para ello debe haber un  proceso judicial de por medio y una sentencia ejecutoriada. “Que se sepa, nadie todavía ha iniciado acción legal alguna. Es más, ni siquiera se ha establecido si hay delito o un perjuicio para el Estado”, dijo el catedrático.

No obstante, considera que la acción de Vera más bien se circunscribe en el ámbito político. “Es una muestra de que el Gobierno está asustado porque teme que salgan a la luz más casos”, dijo.

Con ese criterio coincide Francisco Rocha, ex candidato a asambleísta por la UDC. “El pedido de Alfredo Vera es adecuado, pero con su habilidad política sale a lanzar una boya al Primer Mandatario”, dijo.

Recordó que Rafael Correa, en su “monólogo del sábado”, pidió que le demuestren si hay perjuicio para el Estado. “Lo que está demostrado es que no se actuó con ética al beneficiar con contratos millonarios al hermano del jefe de Estado”, comentó.

Mientras tanto, en el ‘Congresillo’ los asambleístas del MPD anunciaron que solicitarán sanciones  penales a los funcionarios del Gobierno que firmaron los contratos con las empresas en las que tiene intereses económicos Fabricio Correa.

Según Luis Villacís, director MPD, la intervención de Alfredo Vera buscaría “evitar sanciones contra los responsables ”.

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