Por mis propios derechos y los que represento, en calidad de gerente general y representante legal de la compañía Dentales Pablo Herman S.A., empresa que fue adjudicada con el contrato de provisión de 5 000 sillas de ruedas para adultos y niños, y que la prensa le ha dado un interés impresionante por ser el compareciente simpatizante del partido de Gobierno, solicito comedidamente me permita el derecho a la replica en los mismos espacios que destinaron para este caso, donde dejaron en el ambiente colectivo de que en el entorno del Gobierno existe corrupción, y, que la autoridad de control gubernamental está encubriendo, cuando la realidad fáctica es otra. De existir corrupción hagan público con nombre y apellido y citen además en que ley se prohíbe a un militante o simpatizante de un movimiento o partido político, realizar actos de comercio con el estado a través del portal de compras públicas, como fue este caso específico.Me baso en la información del diario EL COMERCIO del 20 de febrero de 2010 que en tres fojas útiles adjunto, la prensa detractora del Gobierno le está causando un grave daño al empresario nacional y extranjero, emitiendo noticias tendenciosas y al margen de la ley, puesto que desconocen que del borrador del informe realizado desde el 1 de septiembre del 2008 al 28 de febrero del 2009, la Contraloría General del Estado concluye “que el período auditado no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables y emitieron sus comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el informe de la referencia.Desconocen además que existe jurisprudencia en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Tercera Sala especializada de lo Penal, juicio # 924-09, y que en su sentencia del 2 de diciembre del 2009, que luego de haber dado lectura del borrador no puede variar el resultado, por lo que están haciendo noticia de falsos presupuestos de un hecho juzgado y cayendo en el campo penal.
Nota de la Redacción:
En el breve publicado al que se refiere el lector básicamente se señala que la Contraloría General del Estado está auditando el contrato, que fue entregado a un activista de Alianza País, que presentó la oferta más onerosa. Todos esos datos están documentados y se apegan a la verdad. Por lo demás, un borrador de auditoría no puede ser difundido por la prensa, pues no es un informe definitivo.