Foto referencial de Salcedo.
En la Fiscalía de Cotopaxi se efectuó hoy, lunes 1 de febrero del 2016, la audiencia de formulación de cargos en contra de ocho personas acusadas de un supuesto peculado en la construcción del nuevo mercado en el cantón Salcedo, en Cotopaxi. La instrucción fiscal en este caso durará 90 días.
Durante el proceso, el presidente de la Corte Provincial de Cotopaxi, Patricio Santacruz, ordenó la prisión preventiva para Bolívar B., contratista de la obra, y la prohibición de salir del país a los otras siete personas.
En el caso se presume estarían implicados Rodrigo M., ex alcalde de ese cantón; Bolívar B., contratista de la obra; Gladys C., Patricio A., Joel C., personal de la Comisión Técnica; Nelly J., procuradora síndica; Rosa Y. tesorera, y Marlene H., gerente de una cooperativa.
El fiscal provincial de Cotopaxi, Augusto Semanate, durante la audiencia se refirió a las investigaciones que se iniciaron con el informe emitido por la Contraloría General del Estado, en el que se habría detectado un supuesto perjuicio por USD 1 414 000.
Según el fiscal Semanate, la empresa contratista no emitió el acta de entrega provisional ni definitiva de la obra, es decir, se inobservaron los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Entre los principales elementos de convicción presentados por la Fiscalía constan el informe del reconocimiento del lugar de los hechos, contratos, convenios, testimonios y el informe de auditoría.
Alfonso Puente, abogado defensor de Rodrigo M., dijo que en la audiencia en efecto se dictó la medida cautelar de prohibición de salir del país. “Ahora que se inicia la instrucción, que es la parte investigativa, aportaremos en un trabajo cercano al Fiscal con la idea de constatar la verdad histórica de los hechos y se señalen en forma clara a los responsables en el cometimiento de este presunto delito”, dijo Puente.
Contó que el expediente fiscal consta de 130 cuerpos, es decir, 13 000 fojas de lo cual se hizo una revisión exhaustiva de la documentación. En el análisis respectivo se logró constatar que Rodrigo M., no tiene una responsabilidad penal con respecto a lo suscitado.
Según Puente, cada funcionario público debe hacer lo que la Ley le faculta, le permite y obliga a realizar. Se debe definir responsabilidades en función de las obligaciones legales que cada persona debía cumplir. “Eso se tendrá que verificar en el Estatuto Orgánico del Municipio de Salcedo, también contrastando con las normas internas de control de la Contraloría y con la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública”.
Luego de la instrucción fiscal se llamará una nueva audiencia preparatoria de juicio y se presentarán todos los documentos para pasar a la siguiente etapa donde el defensor espera el sobreseimiento de Rodrigo M.