7 de agosto de 2017 00:00

El patrimonio de María Sol Larrea ‘aumentó considerablemente’

La Policía realizó allanamientos el pasado viernes. Foto: Cortesía Fiscalía.

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Redacción Seguridad

Las investigaciones en torno a la excoordinadora del IESS y exdirectora del hospital Andrade Marín, María Sol Larrea, muestran más datos.

Con base en información entregada por el Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía dice que el patrimonio y el movimiento de dinero de Larrea “aumentaron considerablemente”.

Por eso, la exfuncionaria fue procesada por presunto enriquecimiento ilícito. En cambio, su esposo, Marcelo Espín, es indagado por posible enriquecimiento privado no justificado. La Fiscalía tiene 90 días para demostrar que ambos sí cometieron estos ilícitos.

De comprobarse el delito, Larrea podría ir a la cárcel entre 7 y 10 años, pues eso es lo que establece el artículo 279 del Código Penal. “Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones”, dice la norma.

Mientras que el delito por el que los agentes rastrean a Espín es penado con prisión que va desde los 3 a 5 años. La norma penal señala que el enriquecimiento privado no justificado se configura cuando el incremento del patrimonio sin respaldo sea mayor a 200 salarios básicos (esto equivale a USD 75 000).

Por el momento, los inmuebles, cuya compra no habría sido justificada, quedaron incautados y el juez prohibió que se los venda hasta que se aclare todo. El abogado de los procesados, Luis Fernández, aclaró que sus clientes sí justificaron la adquisición de los bienes, aunque al parecer no se habría tomado en cuenta todos los documentos que entregaron a las autoridades.

Además, dijo que el supuesto monto del perjuicio sería de unos USD 300 000, valor que, según el defensor, lo justificarán en el proceso. A más de la Fiscalía, en esta investigación operaron agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía y el Ministerio del Interior.

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