22 de marzo de 2016 07:25

120 pases al mes se tramitaban de forma irregular en la Policía

El plantón se realizó durante el traslado de los policías acusados, a la Unidad de Flagrancias de Quito. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

Ayer llegaron a Quito los dos policías detenidos en Colombia. Sus familiares protestaron. Foto: Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Fernando Medina
Redactor (I)

Se citaban en restaurantes, negocios, viviendas y cuarteles policiales. Cada semana, esos lugares eran los puntos donde se entregaban un listado de hasta 30 nombres de agentes que pedían un pase para trabajar en otras ciudades del país.

Los uniformados beneficiados pagaban entre USD 1 000 y 2 000 por el trámite.

Es decir al mes se despachaban 120 pases. Así operó entre octubre del 2014 y julio del 2015 una presunta organización delictiva dentro de las filas policiales. Esos detalles aparecen en las versiones que Fiscalía tomó a tres oficiales que actualmente están detenidos en una cárcel de Quito.

En los documentos, estos uniformados nombran al teniente Alexis C. como el presunto líder de toda la estructura. Él está prófugo.

Según los reportes que lleva la Fiscalía, el oficial sería quien gestionó los más de 3 000 pases que se registraron durante los 10 meses que operó la supuesta red delictiva. Por eso su nombre figura desde el jueves anterior en los Más Buscados.

En esta lista también fueron incluidos dos agentes que ayer arribaron al país luego de ser detenidos en un control migratorio en Medellín, Colombia, según dijo Diego Fuentes, viceministro del Interior.

La Justicia ordenó la captura de los dos policías por su aparente participación en la venta irregular de pases. Su detención se dio luego de que publicaran un video en donde denunciaban que en las actividades ilícitas también estarían involucrados funcionarios.

Ayer por la noche, Fuentes dijo que “es falso que el dinero (por la venta de pases) iba al Ministerio del Interior y a Alianza País” como aseguraron los uniformados en el video.

En las investigaciones de la Fiscalía se detalla la forma cómo funcionaban las ofertas de pases ilegales. Al principio era un secreto entre amigos. Los oficiales que lideraban la organización comunicaban solo a compañeros de confianza las facilidades para ayudarles a cambiar la ciudad de trabajo.

Estos ofrecimientos se hacían a cambio de favores. Pero luego conformaron un grupo que supuestamente investigaba las condiciones laborales de los agentes. Visitaban las unidades policiales, conocían las necesidades de los uniformados y luego les sugerían las posibilidades de ayudarlos a cambio de dinero.

Una vez que aceptaban la propuesta, al menos siete ‘recaudadores’ movilizaban el dinero para luego depositarlo en cuentas de familiares de los oficiales, según consta en el proceso judicial.

Incluso en las versiones se habla de que con el dinero compraron departamentos, terrenos y autos de alta gama.

Entre los elementos que maneja la Fiscalía como posible evidencia del delito está un cuaderno en donde figuran los nombres, cargos, unidad a la que debía ir y quién era la autoridad que designaba el pase de los uniformados.

Esto sin importar que no se cumplían con los cuatro requisitos que establece el Reglamento de la Policía para aprobar un cambio de ciudad: tiempo de servicio, calamidad doméstica, necesidad de servicio y petición de autoridad civil.

Actualmente, la Fiscalía indaga a 20 personas, 19 agentes y una civil. Entre los oficiales procesados está Fausto T., excomandante general de la Policía. Él está detenido en la Cárcel 4 de Quito.

Ayer, familiares de los dos policías detenidos en Colombia protestaron en las afueras de la Unidad de Flagrancia de Quito, a donde fueron trasladados desde Tababela. Dijeron que se entregaron voluntariamente a la Policía de ese país.

En un documento del Ministerio de Defensa de Colombia detalla que los dos agentes “voluntariamente aceptaron trasladarse con funcionarios de la Interpol”.

Diana, hermana de uno de los uniformados, dijo ayer que está preocupada por las presuntas amenazas de muerte, vigilancias y visitas que han recibido su hermano y sus padres luego de publicar el video.

Allí él aseguraba que seguía disposiciones superiores. “Mi hermano ha sido amenazado. Por eso se entregó en Colombia. Queremos garantías de que su vida no corre peligro en la cárcel”, dijo la familiar.

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