8 de marzo de 2016 00:00

Los partidos impugnarán las reformas al control del gasto

Los miembros del acuerdo nacional por la transparencia de las elecciones en su reunión con el CNE, el 23 de febrero. Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

Los miembros del acuerdo nacional por la transparencia de las elecciones en su reunión con el CNE, el 23 de febrero. Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

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Redacción Política

A menos de un año de las elecciones empiezan los conflictos por la promoción electoral. Aunque la campaña iniciará en enero y la convocatoria es en octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió, en diciembre, una resolución y unas reformas al Reglamento de Control del Gasto Electoral que molestan a las organizaciones políticas.

Las 14 agrupaciones políticas que conforman el acuerdo nacional para la transparencia de las elecciones rechazan la reforma y buscarán impugnarla para que sea eliminada. Así lo plantearán en la siguiente reunión que tienen prevista con los consejeros, para la tercera semana de este mes.

Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, argumentó que todos los reglamentos, sin excepción, deben ser actualizados con miras a las votaciones de 2017. A su criterio, solo se recalcaron las reglas para que no se incurra en incumplimientos y evitar sanciones.

Las reformas al Reglamento aclaran que el CNE fiscalizará la publicidad, propaganda y gasto electoral “permanentemente cuando corresponda”, de oficio o mediante denuncia. Ya no solo después de la convocatoria a elecciones.

El énfasis está en advertir que los gastos de campaña anticipada serán imputados al monto que tendrán los candidatos cuando arranque oficialmente la campaña.

Así los responsables del manejo económico de las agrupaciones políticas tienen la obligación de “reportar todos los gastos que hayan realizado antes de la fecha de la campaña electoral respectiva”.

Esto implica que toda publicidad y propaganda que “promocione directa o indirectamente a una persona como posible candidato” se restará de su fondo de campaña, si se inscribiera oficialmente para 2017. Esto sin perjuicio de las sanciones previstas en la ley.

Esto se hizo, según Pozo, teniendo en cuenta las mismas reuniones que tuvieron con las organizaciones políticas y ante su serie de inquietudes. Así el CNE emitió la resolución que “sistematiza la normativa que señala claramente cuál será el comportamiento de los diferentes participantes en las etapas pre electoral, electoral y postelectoral”.

Patricio Donoso, de Creo, sostiene que la reforma viola los derechos establecidos en el mismo Código de la Democracia, porque intenta frenar la libertad que tienen las agrupaciones de hablar de su ideología y de actuar políticamente.

Medardo Oleas, delegado del acuerdo nacional, explica que hay confusiones por parte del CNE. “No está bien definido el concepto de la pre campaña y lo confunden con el derecho que tienen las agrupaciones de promocionar a sus candidatos”.

Oleas hace referencia a que por ley los partidos tienen que hacer elecciones primarias para escoger a sus candidatos, lo que implica una campaña, promoción y votación.

Javier Orti, de Avanza, cuenta que ya tuvieron un llamado de atención por un evento partidista que realizaron en Quito. Y coincide en que no está delimitado qué es la promoción electoral.

Además, Donoso y Oleas creen que el CNE no requiere de ese Reglamento para prohibir la publicidad electoral anticipada e intervenir en casos de violaciones a la ley. Y que esa norma no aclara cómo detener la publicidad del Gobierno.

En lo que todos concuerdan es en que no hay una equidad en las condiciones de participación ni en el control de la publicidad.

Para Orti “la cancha sigue estando marcada solo para un lado”, el del oficialismo. “El Estado hace promoción desde instituciones públicas, el más promocionado últimamente ha sido el vicepresidente Jorge Glas, pre candidato de Alianza País”.

El CNE no necesita el reglamento para prohibir al presidente Rafael Correa hacer publicidad en la sabatina y decir que hay que votar por la 35, reclama Donoso.

Santiago Guarderas, del PSC, señala que por eso existe la necesidad de ejercer control sobre la publicidad oficial, para tener equidad. Y que ese es un proceso en el que han iniciado diálogos entre los miembros del acuerdo nacional.

Luis Monge, secretario de Organización Territorial de A. País, está de acuerdo con que se regule la promoción anticipada. Y responde que ellos no tienen candidatos aún.

Además, aclara que el vicepresidente Glas no se puede “quedar encerrado entre cuatro paredes” porque coincide que es una autoridad. Afirma que el Estado no promociona nombres sino publicita obras. Y dice que si una vez el Presidente hizo promoción electoral se trata de un hecho aislado.

Oleas aclara que la misma ley obliga a los partidos y movimientos a realizar promoción política permanente, pero que, por ejemplo, no pueden contratar publicidad en medios. Tampoco se puede prohibir a los medios que informen sobre lo que sucede en el escenario político electoral aduciendo que es promoción directa o indirecta de un candidato.

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