La participación ciudadana se burocratizó
Redacción Política
Una de las promesas del proyecto político de Alianza País ha sido fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, el concurso para integrar el organismo rector de este sistema se volvió burocrático y poco incluyente.
La selección de los 14 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está por concluir. A pesar de la expectativa que este ha generado, no se ha podido despejar una interrogante fundamental: ¿los nuevos consejeros realmente representarán a la sociedad civil?
Atribuciones del Cpccs
Entre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidencia de la República, luego de un proceso de impugnación y veeduría ciudadana.
Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.
Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego del proceso de selección.
Es una duda sobre la que, desde su visión, ciudadanos y activistas sociales reflexionan. Franklin Andrade, del gremio de artesanos, ni siquiera conoce el proceso del concurso. “No nos sentimos representados”, precisó.
Ecuador se ha caracterizado por tener momentos de una compleja y espontánea acción colectiva. Esta ha llegado, incluso, a determinar la suerte de presidentes de la República, como Lucio Gutiérrez. Este fue el caso de la rebelión de los forajidos.
También, y como muestra de rechazo a las estructuras partidistas y a las instituciones, movimientos sociales como el indígena han logrado marcar hitos en el país.
Ante esta característica nacional, la Constitución de Montecristi se planteó encauzar la participación ciudadana como parte de las instituciones del Estado.
Pero, ¿terminó burocratizando un comportamiento social independiente e improvisado? Ruth Hidalgo, de la corporación Participación Ciudadana, organización con un perfil ‘no político’ y representante de la sociedad civil, es crítica. A su juicio, la normativa con la que partió el concurso fue diseñada para que los candidatos a estos espacios sea gente con vinculación política. “No va a haber independencia en ese Consejo”.
Ana Coloma, otra ciudadana, cree que faltó más inclusión en el concurso. “Nunca conocimos la trayectoria de los candidatos para saber si son o no representativos”.
Para Henry Llanes, ex dirigente gremial, el problema fue la exclusión del concurso de quienes tuvieron funciones políticas. “Es una exclusión hecha por ley y no por méritos, no por testimonio de vida, sino por sectarismo”.
Desde la Federación de Barrios de Quito, la lectura es distinta. Patricio Simbaña, presidente de esta organización, cree que el concurso sí permitió una amplia participación. “Esperamos que pese a sus tendencias ideológicas, los vocales respondan a los intereses de todos los sectores”.
Napoleón Saltos, quien dirigió a finales de 1999 la denominada Coordinadora de Movimientos Sociales, también hace un balance negativo. “El esquema que se ha manifestado, no solo en el concurso, está destinado a un control de la participación desde el Gobierno”. Cita el caso de la Conaie: “(El Régimen) Desacredita a la organización y luego habla de participación. Así se contradice”.
El presidente Rafael Correa reiteró, la semana pasada, que a través de este concurso se busca despolitizar la designación de las autoridades de control. Sin embargo, la Constitución y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana no prohíben a los militantes de partidos políticos participar en el concurso. El CNE siguió esa hoja de ruta y, finalmente, entre los candidatos con mejores calificaciones constan cuadros cercanos a partidos políticos e, incluso, ex funcionarios del Gobierno.
Entre ellos David Rosero, Andrea Rivera (MPD) y Fernando Cedeño (ex secretario del entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño). De los postulantes en el concurso “solo conozco a Hugo Arias”, dijo el Mandatario. Coincidencialmente, este aspirante, tras la recalificación, obtuvo 18,5 puntos más por una equivocación en la calificación de méritos.
El ciudadano Pablo Suárez dice que hay errores estructurales. “Si los consejeros van a tener tantas atribuciones debían seleccionarse a través de elección popular”.