3 de March de 2010 00:00

La participación ciudadana se burocratizó

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Redacción Política

Una de las promesas del  proyecto político de Alianza País ha sido fomentar la  participación ciudadana. Sin embargo,  el concurso para integrar el organismo rector de este sistema se volvió burocrático y poco incluyente.

La selección de los 14 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está  por concluir.  A pesar de la expectativa  que este  ha generado, no se ha podido despejar una interrogante fundamental: ¿los  nuevos consejeros realmente  representarán a la sociedad civil?

Atribuciones del Cpccs
Entre las atribuciones  del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está designar a la primera  autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidencia de la República, luego de un proceso de impugnación y veeduría ciudadana.
Designar  a la primera  autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.
Designar  a los miembros  del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego del proceso de selección.

Es una duda sobre la  que, desde su visión, ciudadanos y activistas sociales reflexionan.  Franklin Andrade, del gremio de artesanos, ni siquiera conoce  el proceso del concurso. “No nos sentimos representados”, precisó.

Ecuador se ha caracterizado por tener momentos de una compleja y espontánea acción colectiva. Esta ha llegado, incluso, a determinar la suerte de presidentes de la República, como Lucio Gutiérrez. Este fue  el caso de la rebelión de los forajidos.

También, y como muestra de rechazo a las estructuras partidistas y a las instituciones, movimientos sociales como el indígena han logrado marcar hitos en el país.

Ante esta característica nacional, la Constitución de Montecristi  se planteó encauzar la participación ciudadana como parte de las instituciones del Estado.

Pero, ¿terminó burocratizando  un comportamiento social  independiente e  improvisado?   Ruth Hidalgo, de  la corporación  Participación Ciudadana,  organización con un perfil  ‘no político’ y representante de la sociedad civil, es crítica.  A su juicio, la normativa  con la que  partió el concurso fue diseñada para  que los candidatos a estos espacios sea gente con  vinculación política. “No va a haber independencia en ese Consejo”.

Ana Coloma, otra ciudadana,  cree que faltó más inclusión en el concurso. “Nunca conocimos la trayectoria de los candidatos para saber si son o no representativos”.

Para Henry Llanes, ex dirigente gremial,  el problema fue la exclusión del concurso de  quienes tuvieron funciones políticas. “Es una exclusión hecha por ley y no por méritos, no por testimonio de vida, sino por sectarismo”.

Desde la Federación de Barrios de Quito, la lectura es distinta.  Patricio Simbaña, presidente de esta organización, cree que el concurso sí permitió una amplia  participación. “Esperamos que pese a sus tendencias ideológicas, los vocales respondan a los intereses de todos los sectores”. 

 Napoleón Saltos, quien dirigió a finales de 1999 la denominada Coordinadora de Movimientos Sociales,  también hace un balance negativo.  “El esquema que  se ha manifestado, no solo en el concurso, está destinado  a un control de   la participación desde el Gobierno”.  Cita el caso de la Conaie: “(El Régimen) Desacredita a la organización  y luego  habla de participación. Así se contradice”.

El presidente Rafael Correa reiteró,  la semana pasada, que a través de este concurso  se   busca despolitizar la designación de las autoridades de control. Sin embargo, la Constitución y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana no prohíben  a los militantes de partidos políticos participar en el concurso.  El CNE siguió esa hoja de ruta y, finalmente,  entre los candidatos con mejores calificaciones constan  cuadros cercanos a partidos políticos  e, incluso, ex funcionarios del Gobierno.

Entre ellos David Rosero, Andrea Rivera (MPD) y Fernando Cedeño (ex secretario del entonces  ministro  de Economía, Ricardo Patiño). De los postulantes en el concurso “solo conozco a Hugo Arias”, dijo el  Mandatario. Coincidencialmente, este aspirante, tras la recalificación, obtuvo 18,5 puntos más por una  equivocación en  la calificación  de  méritos.

El ciudadano Pablo Suárez dice que  hay errores estructurales. “Si los consejeros van a tener  tantas atribuciones  debían seleccionarse a través de   elección popular”.

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