21 de noviembre de 2017 00:16

Las parroquias llevan a las calles su disputa con las prefecturas

En Imbabura, en la zona de San Roque, hubo un plantón pero no se interrumpió el paso. Foto: José Luis Rosales / EL COMERCIO

En Imbabura, en la zona de San Roque, hubo un plantón pero no se interrumpió el paso. Foto: José Luis Rosales / EL COMERCIO

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Recursos económicos, obras, competencias y también votos electorales. Estos temas enfrentan a los representantes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (Conagopare) con el Consorcio Nacional de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope).

El Conagopare está dirigido por Bolívar Armijos, quien en las últimas semanas recorrió las provincias para organizar la medida de hecho de del lunes, 20 de noviembre del 2017. Desde ­las 06:00, los habitantes del sector rural, en su mayor parte campesinos, salieron a las principales carreteras del país en al menos nueve provincias.

En la mayoría se interrumpió el tránsito vehicular de forma intermitente. En Pichincha, la vía Alóag-Santo Domingo;
en Chimborazo y Cotopaxi, la Panamericana Sur; en Guayas, la Durán-Yaguachi y la Daule; en El Oro, la Panamericana; en Pastaza, la Puyo-Baños, y en Esmeraldas, la Esmeraldas-Quinindé.
En otras provincias, como Santo Domingo, Imbabura y Carchi, la protesta se efectuó a un costado de las carreteras para no obstaculizar la movilidad de las personas.

Lo que empezó como una intención de que los prefectos sean elegidos solo por votación rural, el lunes devino en varias aristas que envuelven a todos los niveles de gobierno.

El manifiesto del Conagopare señala a las prefecturas, por incumplimiento de competencias; a la Asamblea Nacional, por frenar el proyecto de ley que reforma la forma de elección de los prefectos; y al Gobierno por no priorizar acciones en favor del sector rural. En esta última consigna, aunque sin mencionarlos, son aludidas las alcaldías, ya que también se reclama por la dotación de agua potable y alcantarillado, que es responsabilidad de los municipios.

La supuesta falta de atención generalizada ha sido negada por los prefectos, en reiteradas ocasiones. Gustavo Baroja, presidente del Congope y prefecto de Pichincha, insiste en que se trata solo de una jugada política de Armijos para usar la exposición como trampolín y llegar a ocupar una prefectura.

El escenario electoral es una carta de Armijos. Desde el 2000 viene abriéndose camino dentro de la organización política de la ruralidad. En el 2014 llegó a presidir el Conagopare; y ahora trabaja para la aprobación de un movimiento político nacional, denominado Fuerza Rural.

Sin embargo, esta iniciativa está todavía en proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que no se completaron los requisitos. El 23 de junio pasado se inició el plazo de un año de prórroga para cumplir con todos los pendientes.

Precisamente el lunes, Armijos recordó esa posibilidad. Ellos quieren terciar en las elecciones seccionales del 2019. “Queremos generar verdaderos representantes que trabajen por la gente campesina”.

Pero no todos están de acuerdo. EL COMERCIO hizo un recorrido por las juntas parroquiales de Sigchos y Pujilí, el 10 de noviembre. Ahí, los dirigentes locales indicaron que, aunque las necesidades y falta de atención son reales, saben que hay intereses de por medio y que temen ser utilizados, como ha sucedido ya antes, cuando también salían a reclamar en las carreteras.

En Tungurahua, el Conagopare provincial, por ejemplo, no se sumó a la iniciativa del 20 de noviembre en la carreteras. Patricio Mayorga, presidente de la Junta Parroquial Atahualpa, afirmó que no apoyan la convocatoria nacional y que respaldan la gestión del prefecto
Fernando Naranjo.

En Imbabura tampoco hubo consenso sobre cambiar la forma de elección de los prefectos, pero sí sobre exigir más recursos para la zona rural. “Hay compañeros que son de la línea política del Prefecto (Pablo Jurado), que no se sumaron al plantón”, reconoció William Chamarro, presidente del Conagopare provincial.

Por su parte, Jurado argumentó que “la gente no está preocupada por quién vota, sino por cuántos recursos económicos tiene la parroquia”. Y lamentó que, en algunos casos, por “politiquería” no exista una buena relación entre los dirigentes parroquiales con los alcaldes y el prefecto.

Tanto del Conagopare como del Congope insisten en que están dispuestos a dialogar para alcanzar una salida a los problemas. Pero no se ha instalado una mesa común.

Más bien, tanto prefectos como juntas parroquiales rurales han hecho demostraciones de fuerza frente al Gobierno central. El primer ‘round’ lo ganó el Conagopare, el 4 de septiembre. Con una marcha hacia el Legislativo consiguieron que el mismo José Serrano, titular de la Asamblea, apadrinase el proyecto legal.

Después fueron hacia Carondelet, donde Armijos le recordó al presidente Lenín Moreno el apoyo que le dieron las juntas parroquiales en la primera y segunda vueltas electorales.

El segundo ‘round’ se lo llevó el Congope, dos semanas después. Hicieron el mismo recorrido. Lograron que el Consejo de Administración Legislativa reconsiderara la calificación de la propuesta de las juntas. Ahora, el proyecto está en manos de una unidad técnica.

El mismo presidente Moreno no está dispuesto a enemistarse con ninguno de los grupos. Admitió que no entiende la pugna y que no interferirá. Aunque advirtió que las prefecturas deberían ceder competencias y recursos a las juntas, como una solución.

En contexto

Desde el 2014, la pro­puesta legislativa de que se cambie la forma de elegir a los prefectos en todo el país ha causado una aguda pugna política. Las juntas parro­quiales han defendido ese proyecto y ahora ­arman un movimiento político propio.

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