9 de mayo de 2017 18:05

Parlamento venezolano rechaza que tribunales militares procesen a civiles

El Parlamento venezolano debatió este martes 9 de mayo del 2017 sobre la supuesta inconstitucionalidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Foto: EFE

El Parlamento venezolano debatió este martes 9 de mayo del 2017 sobre la supuesta inconstitucionalidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Foto: EFE

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Agencia EFE

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó este martes, 9 de mayo del 2017, un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas en el país, establecido "en el marco del denominado Plan Zamora" del Gobierno.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó el "acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de tribunales militares que usurpan la jurisdicción ordinaria violando los derechos humanos".

En este acuerdo, apoyado por los opositores y en ausencia de la bancada chavista, se decidió "expresar la solidaridad de este cuerpo parlamentario con los familiares y víctimas de las personas privadas de libertad injustamente procesadas ante la jurisdicción penal militar en el marco del denominado Plan Zamora".

También se acordó "exigir a los jueces y funcionarios de la jurisdicción penal militar a ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución", las cuales "les prohíben procesar a ciudadanos que no tengan la condición de militar activo".

En este sentido se aclara que esos jueces deben "abstenerse de procesar civiles" y atender a la Carta Magna, que señala que los funcionarios deben "desacatar las órdenes que violen los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Asimismo, se aprobó denunciar ante instancias nacionales "esta nueva violación de los derechos humanos" y se autoriza a la junta directiva de la AN dirigirse a la Fiscalía General para pedirle que ejerza sus atribuciones "a fin de garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales al debido proceso".

Además, en el documento aprobado hoy se exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que "ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos".

A Sabb también se le solicitará que "investigue la violación de los derechos al debido proceso, al juez natural y a la libertad personal denunciados en el presente acuerdo".

En el punto final del acuerdo se indica que se denunciará "la violación de los derechos humanos a que hace referencia el presente acuerdo ante los órganos del sistema internacional de protección de los derechos humanos" como las instituciones encargadas del tema de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

El 18 de abril pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su decisión de activar el llamado "Plan Zamora", que le fue presentado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el orden interno ante las supuestas amenazas de golpe de Estado auspiciado, dijo, "desde Washington".

El lanzamiento de este plan se hizo en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que se desarrolla desde hace más de un mes en el país y que en ocasiones ha degenerado en hechos violentos, que han dejado 37 muertos y centenares de heridos y detenidos.

La oposición ha denunciado que con este plan muchos de los detenidos en las manifestaciones han sido enviados a tribunales militares. 

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