1 de junio de 2016 14:38

Parlamento Laboral demanda la inconstitucionalidad de la contribución de un día de sueldo por el terremoto

Jaime Arciniegas presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la norma que establece la contribución de un día de sueldo. Foto: Pavel Calahorrano Betancourt / EL COMERCIO

Jaime Arciniega (der.) presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la norma que establece la contribución de un día de sueldo. Foto: Pavel Calahorrano Betancourt / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez

El Parlamento Laboral Ecuatoriano presentó una demanda ante la Corte Constitucional por la normativa, dentro de la Ley Solidaria por el Terremoto, que establece que los trabajadores en relación de dependencia entregarán una parte de su sueldo como aporte solidario para la reactivación de Manabí y Esmeraldas.

El cuerpo legal establece que si el trabajador labora en relación de dependencia; es decir, es empleado contribuirá con un día de salario por mes, dependiendo del monto de su remuneración. Si gana entre USD 1000 y USD 2000 solo contribuirá durante un mes, pero si gana más de USD 20 000 aportará durante ocho meses.

Juristas y organizaciones sindicales consideran la medida como inconstitucional porque, de alguna manera, se está gravando la remuneración. Ante ello Jaime Arciniega, Fernando Ibarra, Marcelo Solórzano y Rosa Argudo, integrantes del PLE, presentaron una demanda de inconstitucionalidad parcial a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Solidaria por el terremoto.

Arciniega explicó que se está violando el artículo 328 de la Constitución, que determina que el salario es inembargable. “Cuestionamos que si es una contribución no puede ser obligatoria (…) sería necesaria la autorización del trabajador. Es discriminatoria porque solo se aplica a un sector de trabajadores y no a otros”.

El Ministerio de Trabajo respondió, mediante un comunicado de prensa difundido hoy 1 de junio, que lo que hace el artículo 328 es evitar que los patronos descuenten arbitrariamente valores no autorizados. Pero, también aclara que la misma Constitución determina que los ciudadanos deben pagar los tributos que determinen las leyes. En este caso “se trata de tributos no de donaciones”.

Para el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, se trata de un planteamiento “politiquero”. Fustigó fuertemente a la dirigencia sindical al indicarles que el tema es “mal intencionado, sino fuera así hace rato les hubiéramos visto quejándose de la Ley de Financiamiento de las Centrales Sindicales, que obliga a hacer un aporte para su financiamiento. Pero, claro, para esos dirigentes la contribución para Manabí es arbitraria, pero la de fondos para sus centrales es perfecta”.

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