3 de marzo de 2016 22:28

Parlamento venezolano apela a la OEA ante el agravamiento de la crisis institucional

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Agencia AFP

El Parlamento venezolano -de mayoría opositora- pidió a la OEA mediar en la crisis institucional agravada por un fallo que redujo sus poderes, una apuesta compleja pues el gobierno acusa al titular del organismo continental, Luis Almagro, de respaldar maniobras “golpistas  opositoras.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó este martes 3 de marzo solicitar que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para que la Organización de Estados Americanos (OEA) intervenga en el choque de poderes, que se registra desde hace dos meses cuando esa coalición asumió el control de la Asamblea Nacional, luego de las elecciones legislativas.

En su exhorto, el bloque opositor adujo que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló facultades de control legislativo, ha generado una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente la democracia”.

Por ello, instó al secretario general del organismo continental a “hacer uso de las atribuciones que le otorga” la Carta Interamericana, un instrumento creado para evitar quiebres institucionales en los países que integran la OEA.

“Es una movida inteligente de la oposición y, sobre todo, hacerlo desde el Parlamento”, declaró a la AFP la internacionalista Elsa Cardozo.

Acusado por la oposición de ser el “bufete jurídico” del gobierno, el TSJ emitió el martes un polémico fallo que limitó el control parlamentario al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y de los militares.

La sentencia -que el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, consideró inválida y no vinculante- frenó los intentos de la oposición para reformar la corte.

También impidió anular el nombramiento de 34 magistrados por parte de la anterior cámara -de mayoría chavista- poco antes de finalizar su período en diciembre pasado.

El fallo del TSJ desató protestas en la ciudad de San Cristóbal, fronteriza con Colombia, donde tres personas resultaron heridas en dos días consecutivos de choques entre manifestantes y policías, según constató un reportero de la AFP.

El artículo 20 de la Convención prevé la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para valorar posibles afectaciones graves del “orden democrático” en un país miembro.

“El Consejo Permanente (...) podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”, señala el texto.

Si esas acciones resultan infructuosas, y dependiendo de la urgencia del caso, la Asamblea General podría emprender nuevas gestiones para “promover la normalización de la institucionalidad”, añade el artículo.

El pedido a la OEA se realizó el mismo día que la MUD revelaría el camino que recorrerá para intentar sacar del poder al presidente Nicolás Maduro (2013-2019), pero al anuncio fue pospuesto para centrarse en el debate de la sentencia.

La oposición baraja varios mecanismos, entre ellos un referendo revocatorio, una enmienda constitucional para reducir el mandato de Maduro a cuatro años, una Asamblea Constituyente, la declaratoria de “abandono del cargo” e incluso la renuncia del mandatario socialista, al que acusa de ahondar la grave crisis económica en medio de la caída de los precios del petróleo.

La mediación de la OEA se vislumbra compleja considerando su conflictiva relación con el chavismo en los 17 años que lleva gobernando, y que ha alcanzado niveles virulentos con Almagro, a quien Maduro ha llegado a tildar de “basura”, acusándolo de apoyar las “maniobras golpistas de la derecha venezolana”.

El excanciller uruguayo mantiene una férrea posición frente al gobierno de Maduro, habiendo denunciado una “erosión de la democracia” por lo que considera hostigamientos a opositores, lo que según el gobierno lo “inhabilita política y éticamente” al estar “parcializado”.

Las tensiones llevaron a que en septiembre de 2012, el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) denunciara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dejó de tener competencia en Venezuela un año después.

“Si uno juzga por la conducta del gobierno en materia de derechos humanos, no parece haber mucha esperanza de que rectifique sus conductas, sino que se atrinchere en el principio de no intervención”, estimó Cardozo, catedrática de varias universidades.

No obstante, advirtió que si Almagro logra consenso para actuar, “aumentará la presión internacional” sobre Maduro, y posiblemente al interior del Ejecutivo, por parte de quienes son “partidarios de buscar acuerdos con la oposición” y quieren “evitar más radicalización y aislamiento internacional”.

“Pero en lo inmediato no creo que cambie su discurso en cuanto a que la OEA es intervencionista y la oposición es golpista porque pretende cambiar el TSJ”, subrayó Cardozo.

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