5 de abril de 2017 10:42

Parlamento venezolano inicia proceso que busca destituir a magistrados

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia iba "en contra del pueblo". Foto: EFE

La oposición sostiene que el “golpe” persiste debido a que el TSJ -al que acusa de servir al gobierno- mantiene a la Asamblea en desacatado desde enero de 2016. Foto: EFE

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Agencia AFP

La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició este miércoles 5 de abril del 2017 un proceso para destituir a magistrados del máximo tribunal de justicia, a los que acusa de perpetrar un “golpe de Estado” al haberse adjudicado temporalmente sus poderes.

El bloque opositor se dispone a aprobar un acuerdo que denuncia esa supuesta usurpación, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobara la semana pasada dos sentencias mediante las cuales asumió las competencias del Legislativo y retiró la inmunidad a los diputados.

En medio de las denuncias de “golpe” y un fuerte rechazo internacional, los fallos fueron anulados parcialmente el sábado.

“Han perpetrado el autogolpe continuado del que tenemos que zafarnos protestando cívicamente, ejerciendo nuestras funciones constitucionales y no cediendo ante un gobierno que es al mismo tiempo fallido y forajido”, dijo durante el debate el veterano asambleísta Henry Ramos Allup.

La oposición sostiene que el “golpe” persiste debido a que el TSJ -al que acusa de servir al gobierno- mantiene a la Asamblea en desacatado desde enero de 2016 y considera nulas todas sus decisiones.

Ramos Allup recordó que, en ese marco, la corte ha emitido medio centenar de sentencias contra la cámara, varias de las cuales redujeron sus poderes.

Sin embargo, las posibilidades de remoción de los jueces son escasas, pues dependen del Poder Moral, integrado por la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor, cercanos al gobierno.

La fiscal general, Luisa Ortega, consideró los dictámenes de la semana pasada como una “ruptura del orden constitucional”.

Pero para que el Poder Moral declare que los magistrados cometieron una “falta grave” y el caso sea resuelto por el Parlamento, se requiere el voto de al menos dos de sus tres integrantes.

Ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, descartó que las decisiones judiciales hayan ocasionado una “ruptura del orden constitucional”.

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