29 de julio de 2016 22:09

Parlamento de Nicaragua queda sin contrapeso con destitución de opositores

El diputado Wilber Lopez (c) de la bancada del Partido Liberal Independiente (PLI), habla junto a los diputados destituidos de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Foto: EFE

El diputado Wilber Lopez (c) de la bancada del Partido Liberal Independiente (PLI), habla junto a los diputados destituidos de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Foto: EFE

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Agencia EFE

La Asamblea Legislativa de Nicaragua, controlada por los sandinistas, destituyó hoy 29 de julio del 2016 a la mayoría de los diputados opositores, quienes denunciaron un "golpe de Estado" al Parlamento y un intento del Gobierno de Daniel Ortega de instaurar un régimen de partido único en el país centroamericano.

La decisión de expulsar a 28 diputados se da cuando faltan tres meses para las elecciones generales en las que Ortega busca su tercer mandato presidencial consecutivo, sin la participación del principal bloque opositor, liderado por los diputados destituidos y que, afectado por una serie de fallos judiciales, decidió no participar en esos comicios.

Los legisladores, entre ellos el coordinador de la principal coalición opositora Eduardo Montealegre, fueron destituidos de sus escaños por una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE), que fue acatada este viernes por la directiva legislativa, explicó la presidenta en funciones del Parlamento, la sandinista Iris Montenegro.

Los 28 diputados, 16 de ellos propietarios y 12 suplentes, pertenecían al Partido Liberal Independiente (PLI) hasta mayo pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quitó la representación legal de este partido a Montealegre y se la dio a Pedro Reyes, considerado por la oposición un colaboracionista del Gobierno y cuya actividad política era casi nula.

Reyes reclamó la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el Poder Electoral porque estos no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido, de acuerdo con la resolución.

Tanto el Poder Electoral como la Junta Directiva alegaron que el artículo 131 de la Constitución Política establece que los escaños le pertenecen al partido en el que fueron electos los diputados, por lo que, para evitar su salida, los congresistas en cuestión se declararon independientes.

"La destitución masiva de los diputados de oposición constituye un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua y con ella el régimen de Daniel Ortega está dando un golpe de Estado al Poder Legislativo", denunciaron los afectados en un pronunciamiento leído por quien era su jefe de bancada, Wilber López.

Los diputados removidos denunciaron que con esa decisión se rompió el principio de independencia y equilibrio de los poderes del Estado, el pluralismo político, y que se confirman intenciones de Ortega de querer imponer un sistema de partido único en Nicaragua.

También, que esa medida demuestra "desprecio por el voto ciudadano" y destruye "la ya debilitada democracia representativa en Nicaragua al cerrar el último espacio institucional para la oposición".

De los ocho diputados propietarios que quedaban en sus escaños, uno de ellos, Elman Urbina, decidió abandonar su puesto en solidaridad con sus compañeros, algo que anunció en rueda de prensa rodeado de sus copartidarios.

Los opositores instaron a la comunidad internacional a abordar con urgencia la situación de la democracia y el Estado de Derecho de Nicaragua, y adoptar acciones orientadas a la restitución de elecciones libres y participativas, y la inmediata restitución de los legisladores removidos de sus cargos.

Por su lado, los disidentes sandinistas, a quienes le fueron destituidos sus cuatro diputados, acusaron a Ortega de querer liquidar el pluralismo político en el país.

Ortega "no pudo ni doblegar ni comprar a la oposición política representada por los diputados" destituidos, "dejando claro su proyecto de régimen de partido único, tal como lo advirtiera la Conferencia Episcopal recientemente", señaló el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) en una declaración.

"Ese modelo de partido único amenaza a todos y cada uno de los nicarag enses que no se manifiesten alineados con la política orteguista", alertó ese movimiento.

En tanto, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) advirtió que esa medida profundiza "la crisis política e incertidumbre que vive el país", y afecta el clima de negocios "que necesitamos para la promoción de las inversiones y la generación de nuevos empleos".

"Lamentablemente Nicaragua vuelve a ser noticia en medios periodísticos internacionales por la falta de democracia y el casi inexistente Estado de Derecho reinante en la nación", escribió, por su lado, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en un mensaje.

Bajo el mando de Montealegre, el PLI ganó 24 de los 91 diputados propietarios de la Asamblea Nacional en noviembre de 2011, donde eran la segunda fuerza política después del oficialismo.

Los opositores consideran que los comicios de noviembre, sin su participación, serán una "farsa" en la que Ortega se validará gracias a la complicidad del resto de partidos minoritarios que sí competirán con el sandinismo, favorito según los sondeos.

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