7 de septiembre de 2017 20:12

Parlamento catalán aprueba una ley para romper con España tras el referéndum

Los independentistas prometieron seguir adelante a pesar de las advertencias del ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy. Foto: Twitter Parlament Catalunya‏

Los independentistas prometieron seguir adelante a pesar de las advertencias del ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy. Foto: Twitter Parlament Catalunya‏

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Agencia AFP

El parlamento regional de Cataluña aprobó en la madrugada del viernes 8 de septiembre de 2017 una ley para regular la secesión que los independentistas quieren lanzar si ganan el referéndum "ilegal" convocado para el 1 de octubre, recurrido ante la justicia por el gobierno español.

Tras una larga y tosca sesión, la cámara, con mayoría absoluta para los independentistas, aprobó la llamada Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República con 71 votos favorables, 10 en contra y la ausencia de gran parte de los diputados opositores.


El texto, que sólo entrará en vigor en caso de victoria independentista en el escrutinio, “constituye Cataluña como República” , se autoerige como “norma suprema” de la región hasta aprobarse una constitución y designa al gobierno regional como “la autoridad aduanera” en el territorio.

Esta “norma suprema” temporal prevé también la organización de tres votaciones: unas elecciones constituyentes para elaborar la Carta Magna de una república independiente, un referéndum para aprobarla y unos comicios legislativos posteriores.

Como ocurrió en la víspera al aprobar la ley para regular el referéndum, la ley se despachó de forma acelerada, eliminando muchos de los trámites necesarios y dando sólo dos horas a la oposición para presentar enmiendas.

Ambas suponen un desafío a la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional, que les instó a frenar sus planes separatistas. Menos de 24 horas después, los magistrados ya suspendieron cautelarmente el referendo convocado por el presidente regional Carles Puigdemont.

Aun así, los independentistas prometieron seguir adelante a pesar de las advertencias del ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy y las querellas anunciadas por la fiscalía general del Estado contra los miembros del gobierno regional.

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