28 de diciembre del 2016 00:00

El papel del Estado debe reorientarse señalan los candidatos a presidente

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Redacción Política
(I)

Con la Constitución de Montecristi, el Gobierno de Alianza País cambió la estructura y concepción del Estado. La Carta Política, junto con el Plan Nacional del Buen Vivir, son la raíz del actual marco regulatorio.

En el informe de la Secretaría Nacional de Planificación, sobre la calidad y gestión regulatoria del Estado (publicado en enero de 2015), se explica que la regulación es la principal herramienta de intervención.

Partiendo de las premisas constitucionales, el Gobierno “ha recuperado” estas facultades, dice el mismo documento, a través del “fortalecimiento institucional de ministerios”, la creación de agencias especializadas y de superintendencias, así como con la Función de Transparencia.

Esto derivó además en la creación de leyes orgánicas y códigos, así como de normativas y reglamentaciones menores, para permitir la aplicación de todos estos preceptos.

El Estado pasó a encargarse de todo. En el discurso presidencial de esta década se ha rechazado la privatización de ciertos sectores, obras o procesos. Por lo que también floreció la creación o transformación de distintas empresas públicas. No todas con buenos resultados, por lo que el mismo presidente Rafael Correa mandó, en su último informe a la Nación, a suprimir, fusionar y absorber distintas empresas e instituciones públicas, bajo el argumento de optimizar la administración estatal.

Toda esta regulación e intervención llegó incluso a incidir en las libertades y la vida privada de los ciudadanos, según los candidatos presidenciales de oposición. Por esto, ellos plantean cambiar este diseño de la administración pública y limitarlo solo a los aspectos esenciales, como por ejemplo las áreas de salud y educación.

Solamente el oficialista Lenín Moreno defiende lo actuado por su movimiento y lo califica de positivo. Aunque también propone mejorar la eficiencia estatal.

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